Las pérdidas económicas en el Eurotúnel se unen al drama humano

La embocadura francesa del túnel bajo el canal de la Mancha, símbolo de la alta tecnología y de la libertad de circulación, presenta hoy el aspecto de un fortín, concebido para disuadir a los refugiados que intentan meterse en los trenes. Al drama humano se une un fuerte coste económico: Eurotúnel, la sociedad que explota el paso, valora en 30 millones de euros la reducción de sus ingresos anuales por interrupciones del servicio, además de ocho millones de euros invertidos en medidas de seguridad.

Estas cifras constan en una resolución aprobada en abril por el Parlamento Europeo, con la oposición del grupo de Los Verdes. La iniciativa urge a los Gobiernos de París y Londres a atender a los operadores económicos sometidos a restricciones en el transporte de mercancías, cuando éstas se derivan de la invasión de las instalaciones por personas fuera de control.

La Comisión Europea también agita el espectro de las sanciones contra Francia, por no garantizar la libertad de circulación de mercancías. Cuatro compañías británicas, que operan el tráfico por ferrocarril, se quejan de que la irregularidad del servicio les ha costado 47 millones de euros en los últimos seis meses. Cada vez que se observa la presencia de personas en las vías o en el túnel, se corta el tráfico de las plataformas ferroviarias asignadas al enlace bajo el canal.

Reforzar la seguridad

La realidad es que no se vislumbra solución a corto plazo. Una delegación de altos funcionarios franceses se reunió ayer con otra británica, en Bruselas, y expuso un calendario de medidas para reforzar la seguridad de las instalaciones 'de aquí a noviembre', un plazo largo para los intereses en juego, que exigen el cierre puro y simple del centro de refugiados de la Cruz Roja existente a tres kilómetros de la embocadura del túnel, y al que atribuyen el carácter de imán sobre las instalaciones ferroviarias.

Pero el Gobierno de París no se decide. En parte, porque se encuentra en plena campaña electoral; y sobre todo, porque argumenta que el verdadero imán es la legislación británica, que concede a los refugiados el derecho a trabajar en cuanto presentan una demanda de asilo. El reciente anuncio británico de acelerar los procedimientos para expulsar a los indocumentados ha sido bien acogido por el ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy.

Este último rechaza el cierre del centro de refugiados 'mientras no se encuentre una solución duradera'. Echar el cierre provocaría una dispersión de personas indocumentadas por las poblaciones de las cercanías, multiplicando así los problemas de seguridad para el Gobierno francés. París necesita, por otra parte, el paraguas comunitario para adoptar medidas más drásticas, como sería la expulsión de su territorio de los detenidos por intento de invasión del Eurotúnel o de las cercanas instalaciones portuarias de Calais, y que se estiman en unos 80.000 desde que fue creado el refugio de Sangatte, en septiembre de 1999.