Sindicatos y oposición califican de 'burla' la auditoría de Enseñanza sobre los conciertos

La consejera de Enseñanza, Carme-Laura Gil, presentó ayer la largamente esperada auditoría de los centros concertados que el Parlament le exigió hace más de un año. De los escasos datos ofrecidos por la consejera se deduce que sus inspectores sólo han advertido irregularidades en 26 de los 739 centros privados que reciben fondos públicos y han evitado investigar los sistemas de financiación de algunos centros que cobran cuotas a través de fundaciones opacas. Los sindicatos y la oposición calificaron la auditoría de 'burla' e 'insulto al Parlament y a las instituciones democráticas'.

Con casi dos meses de retraso respecto a la fecha prevista, tras pedir la ampliación de los plazos de entrega, Enseñanza presentó ayer en el registro del Parlament un documento de 16 páginas que contiene, supuestamente, los resultados de la auditoría sobre los centros concertados. La Cámara catalana exigió en abril del pasado año, en una votación contraria a los intereses del Gobierno de CiU -posible gracias a la poca diligencia de dos diputados convergentes-, un informe sobre los 739 centros privados que el año pasado recibieron 600 millones de euros (100.000 millones de pesetas), una cuarta parte del presupuesto del Departamento de Enseñanza.

La consejera avanzó ayer muy poco del contenido de la auditoría, que todavía no ha sido repartida a los diputados. El resultado de más de un año de trabajo es que los inspectores de Gil sólo han encontrado posibles irregularidades en 26 centros y no han investigado el fondo de la cuestión: las fundaciones privadas a las que pertenecen los colegios, blindadas con la más absoluta opacidad, a las que se pagan las mensualidades disfrazadas de donaciones. 'El Parlament no nos exigió directamente que investigáramos las fundaciones', dijo ayer Gil sobre este punto. 'Dado que pertenecen al ámbito privado no podemos entrar en ellas', se excusó.

Los 26 centros que, según la consejera, serán investigados cobran por conceptos que, por ley, deben ser gratuitos, o piden más dinero del tipificado por ciertas actividades. Gil explicó que entre estos centros no figuran La Vall, Viaró, La Farga, Saint Paul's School, Pere Vergés ni SIL, que fueron objeto de un recurso del sindicato USTEC-STES ante el TSJC por incumplir las condiciones exigidas para obtener subvenciones y que ya habían recibido informes negativos de los inspectores de Enseñanza cuando pidieron el concierto.

Los avances de los resultados difundidos ayer por Gil y la sospecha de que el documento que duerme este fin de semana en el Parlament no dice mucho más, indignó tanto a los sindicatos como a la izquierda. Carles Martínez, de USTEC, dijo que la auditoría 'es una intolerable falta de respeto a las instituciones democráticas porque Enseñanza no ha cumplido lo que le exigió el Parlament: investigar de verdad dónde pueden estar las irregularidades'. Martínez calificó la auditoría de 'fraude y trampa'. Luz Jabardo, de CC OO, considera que no puede hablarse de una verdadera auditoría, 'ya que ha sido llevada a cabo por los propios inspectores del Departamento de Enseñanza, que se han limitado a cumplir con su función'. Jabardo coincide con Martínez: 'Es un insulto al Parlament'.

La diputada socialista Assumpta Baig cree que la auditoría es 'decepcionante y demuestra el poco interés del Gobierno de CiU por dar contenido a una decisión del Parlament'. Joan Boada, de ICV, también lo considera 'increíble' y 'una farsa'. La auditoría debía haber sido externa, asegura, ya que 'no se puede ser juez y parte'. En su opinión podría haber 'manipulación' en el informe 'porque antes los inspectores dijeron que conceder el concierto a algunos colegios del Opus Dei era un fraude y ahora resulta que no hay ningún problema'.