La Generalitat se plantea vender activos de L'Aliança para tapar los 'agujeros' de la mutua

El Gobierno catalán se ha comprometido ante el Parlament de Catalunya a no vender L'Aliança a ninguna empresa privada, pero sí considera la venta de activos inmobiliarios de la mutua, intervenida por la Generalitat el pasado 14 de marzo bajo la acusación de facturación irregular. 'La venta de activos es una vía que seguir para tapar agujeros patrimoniales', señalan fuentes del Ejecutivo catalán. La dimensión de estos agujeros está por concretar, ya que la auditoría encargada a la firma Price Waterhouse no habrá terminado su trabajo, al menos, hasta mediados de junio.

Ante el Parlament, el responsable de Economía, Francesc Homs, explicó ayer que el patrimonio social de la mutua estaba en un estado deficitario de 6,9 millones de euros (1.148 millones de pesetas), el margen de solvencia se situaba en 1,8 millones y el fondo de garantía era negativo en 9,4 millones. La venta de activos es sólo una pata del plan que perfilan Enric Mangas, director general de Régimen Económico de la Seguridad Social, y Miquel Argenté, director del área de Recursos del Servicio Catalán de la Salud (SCS), los administradores provisionales nombrados por la Generalitat tras la destitución del anterior equipo encabezado por Ramon Carranza. La otra pata es el nuevo contrato con el SCS por una duración de entre tres y cinco años y 'limpio', subrayan fuentes consultadas, en referencia a la doble facturación a la sanidad pública de la atención a mutualistas. La firma de este nuevo convenio está a la espera de una segunda auditoría de carácter interno.

Fuentes próximas a la mutua han confirmado, además, que la firma Gesaworld, de la que es presidente Josep Maria Via (ex alto cargo de Sanidad cuando el consejero era Xavier Trias) también está trabajando en el caso.

La Generalitat no ha nombrado un órgano para sustituir al Consejo de Administración suspendido. Sus antiguos consejeros fueron destituidos de sus cargos y, según Homs, tenían contratos blindados por 2,4 millones de euros. Fuentes próximas a la mutua indican que no ha habido acuerdo por la vía de la conciliación sobre el cobro de estas cantidades, que en el caso de la ex presidenta Susanna Martín ascienden a 901.500 euros.

Además de los dos administradores provisionales, la dirección temporal de L'Aliança se ha completado con el nombramiento de dos nuevos apoderados: Camilo Escánez, ex gerente del hospital de Granollers, que se encargará de las cuestiones de Recursos Humanos y de la gerencia del hospital del Sagrat Cor, y Francesc Ferrer, ex gerente del hospital de Vilafranca del Penedès, que llevará las cuestiones económicas y financieras. Por otra parte, Lluís de Jaureguízar, que presidió la junta rectora que llevó las riendas de L'Aliança en la primera gran crisis de 1993, gestionará el hospital Vall d'Aran, de la filial de L'Aliança, Gecesa.