Un tribunal duda de la constitucionalidad de la asignatura de religión

Canarias lleva camino de convertirse en la punta de lanza de la batalla judicial contra la situación de los profesores de catolicismo y sobre la misma esencia constitucional de esas enseñanzas en la escuela pública y a costa del Estado. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en una sentencia que condena a la Administración regional a readmitir o indemnizar a un docente despedido sin motivo, advierte ahora de que 'el sustento constitucional' de la propia asignatura no está 'exento de ciertas dudas'.

No es la primera vez que el TSJC condena a Educación por despedir a profesores de religión, pero en este caso, en una sentencia hecha pública el pasado 23 de mayo, avanza su idea de que, aparte las ilegalidades cometidas por obispado y Administración en los despidos, es la propia enseñanza de la doctrina católica en la escuela la que debe ponerse en cuestión.

Dice el máximo tribunal canario: 'El empleador [del docente despedido] es la Administración, que da cumplimiento a la obligación asumida por el Estado frente a la Santa Sede de adoctrinar en la religión católica a los alumnos de los centros públicos, sometiéndose a los dictados de ésta en cuanto a la idoneidad de los profesores contratados para llevar a cabo esa misión pastoral, para los cuales se configura un régimen de temporalidad por cursos, que excluye la estabilidad en el empleo al condicionar permanentemente la renovación a la voluntad de la jerarquía eclesiástica, a quien se confiere el derecho de imponer a la Administración que dé por finalizado el contrato al llegar a su término, proponiendo a otra persona'.

El juicio que merece esta situación a los magistrados sugiere futuras decisiones si, como es previsible, continúan llegando a esa sede judicial más reclamaciones de amparo por parte de docentes marginados de su empleo sin motivo alguno. La sentencia considera tales situaciones consecuencia de 'una opción normativa que parte de la concreta configuración de los compromisos internacionales asumidos por España con la Santa Sede en 1979 y quiere encontrar su sustento constitucional, no exento de ciertas dudas, en la obligación de los poderes públicos de 'tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española' y de 'mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones'.

Tales consideraciones preceden a un severo fallo del tribunal contra el despido improcedente del profesor Marcos Jesús Cabrera Sánchez, que enseñaba religión en un colegio público de Las Palmas desde 1987, de manera ininterrumpida y con renovaciones automáticas de su contrato. En 2001 fue sustituido por otro docente sin que le explicaran causa alguna para la exclusión. El máximo tribunal canario condena a Educación a readmitirlo en su puesto de trabajo o a indemnizarle con 36.917 euros, además de pagarle los salarios de tramitación desde la fecha del despido (63,11 euros diarios).

La Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER) acusó ayer a la Administración de incumplir este tipo de sentencias [docenas ya en toda España este curso], incluso con actitudes de 'acoso moral' a algunos docentes 'en connivencia con las autoridades eclesiásticas', denuncia la FEPER, que incluso documenta cuatro casos concretos de profesores que ganaron en los tribunales su derecho a ser readmitidos o indemnizados y no han visto satisfecho ninguno de esos mandatos judiciales.