El Consejo Escolar plantea que la ley educativa del Gobierno lleve 'financiación adecuada'

El Consejo Escolar Valenciano (máximo órgano de deliberación en materia educativa de la Generalitat) ha encargado a un dictamen sobre la polémica Ley de Calidad elaborada por el Gobierno central, en el que propone 'la necesidad de establecer un diagnóstico previo del fracaso escolar' en el sistema educativo español antes de implantar una reforma de este calado y que se 'contemple la financiación adecuada' para llevarla a cabo, dos cosas a las que el ministerio se opone. El dictamen, que ha sido redactado por 'consenso', se someterá a votación el miércoles.

La falta de la apertura de un proceso de discusión y de negociación por parte del Ministerio de Educación a la hora de abordar la reforma del sistema educativo español ha abierto un frente crítico entre los 16 Consejos Escolares autonómicos y el del Estado, que se concretó el pasado 8 de mayo en Oviedo en un pronunciamiento conjunto de siete puntos, que parte de 'la ausencia de un análisis riguroso para definir los problemas existentes, las causas y realizar las propuestas', todo ello agravado por la 'falta de un debate ordenado con la comundiad educativa' y la 'inexistencia de una memoria económica'.

Fiel a lo firmado, una comisión del Consejo Escolar Valenciano para elaborar un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que, se constata 'la necesidad de disponer de datos cualitativos y cuantitativos que definan problemas como el llamado 'fracaso escolar'', a lo que la ministra Pilar del Castillo se opone en firme, ya que considera que los datos las encuestas del CIS y de otros organismos dependientes del Gobierno y 'lo que dicen los profesores' son elementos solventes para afirmar que 'el fracaso escolar al 25% de los alumnos'. La ministra niega que 'el problema sea de financiación'.

No obstante, el documento valenciano -en sintonía con los emitidos por Euskadi y Cataluña- advierte al Gobierno de 'la necesidad de contemplar la financiación adecuada para la reforma que se plantea'. Y subraya que 'entre los principios de calidad debe de contemplarse la dotación de recursos necesarios y adecuados con los que ha de contar el sistema educativo'.

El dictamen valenciano hace hincapié en que 'la Educación Infantil es una etapa fundamental, de carácter inequívocamente educativo, aunque tenga una vertiente asistencial', y que, por tanto, 'la autorización para impartir el primer ciclo (de 0 a 3 años) debe de corresponder a la Administración educativa', a fin de evitar las irregularidades que envuelven a las guarderías y ludotecas abiertas al margen del sistema reglado bien público o privado. El segundo ciclo deberá ser 'gratuito' y planificado y regulado por la Administración.

En Primaria, el CEV se inclina por incluir evaluaciones y programas de atención a la diversidad, ya que es clave esta etapa. Pero, además, en Secundaria, rechaza los itinerarios cerrados, como los propuestos por el ministerio, y apela 'opciones curriculares' organizadas por los centros en función de la 'pluralidad del alumnado'. También defienden, la 'autonomía de los centros', 'una carrera profesional docente' y una reforma de la carrera de Magisterio que 'el expediente académico no se utilice como criterio selectivo' en la admisión de alumnos ya que la ley resulta 'confusa'. También se extiende en la ausencia de la futura ley de cualquier referencia a la 'estructura y organización de las enseñanzas artísticas de régimen especial' y el vacío respecto a las 'homologaciones' de los estudios de idiomas.