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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La ley de la botella

El Consejo de Ministros del viernes añadió algo de agua al anteproyecto de ley del alcohol que envió al Consejo de Estado y al de Consumidores y Usuarios antes de remitirlo a las Cortes para su tramitación. El primer borrador, nacido como reacción al llamado botellón -consumo nocturno de bebidas en la calle por parte de jóvenes durante los fines de semana-, contemplaba sanciones demasiado duras y contenía medidas algo extremas que han sido matizadas tras el debate social de las últimas semanas.

Los objetivos esenciales de la ley son prevenir la adicción de los jóvenes al alcohol y garantizar el derecho de los vecinos al descanso. En función de ese doble fin se eleva de 16 a 18 años el límite mínimo de edad para poder adquirir bebidas alcohólicas y se prohíbe su consumo en la vía pública cuando ello altere la tranquilidad vecinal o el libre tránsito. Para favorecer esos objetivos se establecen restricciones a la publicidad del alcohol y a su venta en determinados establecimientos y un sistema de sanciones que pone el acento en la venta a menores antes que en el consumo. No se incluyen, en cambio, medidas rehabilitadoras.

El debate social ha permitido mejorar el texto a fin de evitar efectos contraproducentes de medidas excesivas o de imposible aplicación. Se establece una distinción entre el vino y las bebidas de alta graduación, se elimina la obligación de instalar en los supermercados cajas registradoras especiales para menores de edad y se rebajan las sanciones de trabajo social en fin de semana previstas para los menores infractores.

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En el debate sobre la ley han aparecido también algunas objeciones banales como la de que no es la panacea para resolver los problemas que llevan a los jóvenes a beber en grupo y a alborotar. Por supuesto que ninguna ley puede resolver esos problemas, pero menos los resolverá la impunidad, con el pretexto del alcohol, de actitudes que vulneran derechos ajenos. Y cuando en 1999 perdieron la vida 55.000 jóvenes europeos por motivos relacionados con el alcohol (incluidos los accidentes causados por la bebida), es lógico poner dificultades a su consumo, aunque no garanticen acabar con el problema. Es, en todo caso, condición indispensable para invertir la inercia social que identifica el consumo de alcohol con la hombría, la madurez o el estar al día.

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