La educación y la formación lo son casi todo

El título de este artículo no es una exageración, sino la mera constatación de la realidad de las sociedades y de las economías actuales. No sólo son ambas los elementos fundamentales para conseguir ampliar la igualdad de oportunidades, para aumentar la movilidad ascendente interclasista, así como para determinar los distintos niveles de salarios en el mercado de trabajo, sino que también son, sobre todo, junto con la investigación y el desarrollo, que dependen también de ellos, los factores clave del crecimiento económico.

La gran mayoría de los estudios empíricos que se han llevado a cabo sobre los factores que determinan, en mayor medida, las tasas de crecimiento económico de un país, tanto utilizando los modelos neoclásicos como los nuevos modelos de crecimiento endógeno, muestran una consistente evidencia de la importancia de la educación y la formación, es decir, del capital humano, como elementos clave, tanto para alcanzar una mayor productividad por hora trabajada o persona empleada como para generar y adoptar nuevas tecnologías. Es más, a diferencia del capital físico, el capital humano, a través del conocimiento, tiende a tener rendimientos crecientes, ya que puede conservarse, aumentarse y transmitirse y puede ser utilizado simultáneamente por muchas personas sin que la utilización por unos excluya la de otros. Esto significa que los países que invierten en mayor medida en educación, en formación y en I+D pueden lograr crecer más rápido que los que no lo hacen.

Por otro lado, los distintos niveles de educación determinan el nivel salarial y la renta de las personas y, por tanto, afectan a la desigualdad de la distribución de la renta. Por ejemplo, en la UE la renta media de los que poseen estudios universitarios es un 80% mayor que la de los que tienen educación secundaria y un 120% mayor que la de los que sólo han alcanzado educación primaria. Asimismo, la tasa de paro de estos últimos es el doble de la de los primeros.

Si esto es así, ¿por qué entonces los gobiernos no invierten más recursos públicos en educación, en formación y en I+D?

Una primera razón responde a que el ciclo político es muy corto mientras que el de la educación y la investigación es muy largo. Un político regional o local prefiere construir una 'casa de la cultura' que sabe que va a poder inaugurar un par de meses antes de las elecciones, al final de su legislatura de cuatro años (aunque, al final, se termine convirtiendo en una 'casa de la tercera edad' por falta de medios culturales) que invertir en un 'intangible' que no se puede inaugurar, como es la educación, cuyos frutos no se van a percibir en muchos años y los va a poder reclamar como suyos otro político, no sólo probablemente de otro partido, sino incluso de la siguiente generación. Es éste un problema estructural generalizado en las sociedades democráticas avanzadas, donde la percepción mediática de cada momento tiene mayores rendimientos políticos que los planteamientos a largo plazo. Se prefiere construir un centro de I+D que apoyar la investigación, construir teatros que enseñar a los jóvenes para ser buenos actores o directores y organizar grandes exposiciones de pintura o conciertos que fomentar la enseñanza de las artes plásticas o musicales.

Otra razón que se esgrime a menudo es que los recursos financieros públicos son escasos por definición. Pero este argumento es falaz puesto que la educación y la formación son mucho menos caras y más rentables económicamente que muchas otras partidas de los presupuestos, por poner un ejemplo extremo, que la compra de armamento. La investigación y el desarrollo son más caros que la educación, pero su rentabilidad es infinitamente más elevada que las enormes inversiones con retorno muy negativo de las televisiones públicas, por poner otro ejemplo.

Pero la calidad de la educación también es fundamental, de ahí que el mismo sistema educativo pueda producir una mayor desigualdad. Si la educación pública gratuita es de inferior calidad que la privada de pago, aquellos que no tienen medios económicos para poder estudiar en la segunda, es decir, las familias de menor renta, difícilmente lograrán llegar a la edad laboral en igualdad de oportunidades con los que han estudiado en las escuelas privadas. Es decir, una insuficiente calidad de la enseñanza pública consigue perpetuar o aumentar la desigualdad de renta que ya existe al nacer en una u otra familia, en una u otra población o en uno u otro barrio. Dado el escandaloso precio del suelo en España, las familias de menor renta tienen que vivir o en barrios lejanos de la ciudad o en barrios marginales cerca o dentro de ella, donde sólo hay disponibilidad de escuelas públicas, si éstas no son de calidad se acentúa la desigualdad originaria por nacimiento y ubicación. La única forma que se me ocurre de mejorar su calidad es, por un lado, invirtiendo muchos más recursos públicos en las llamadas escuelas 'normales', que tienen como fin mejorar el nivel de los educadores públicos; por otro, retribuyendo adecuadamente a los maestros públicos para poder atraer o retener a los mejores alumnos universitarios o de secundaria, y, finalmente, dotando a las escuelas de los sistemas de enseñanza más avanzados tecnológicamente.

A pesar del gran esfuerzo inversor en educación realizado en España desde el principio de la democracia, y especialmente desde la LOGSE hasta hoy, el porcentaje de la población entre los 24 y los 65 años con, al menos, educación secundaria es, en España, el cuarto más bajo de toda la OCDE, con un 35%, superando solamente al de Portugal, Turquía y México. Hay 11 países que superan el 75%, entre los que se encuentran, por ejemplo, Polonia y la República Checa. El gasto por alumno es todavía el 60% de la media de la UE, en todos los niveles educativos, es decir, en primaria, en secundaria y en superior. El gasto público en educación es del 4,7% frente al 5,1% de la UE. Asimismo, el número de alumnos por profesor es más elevado en España que en la UE, 17,6 frente a 15,8 en primaria, 15,7 frente 15,4 en secundaria y 18,6 frente a 13,7 en universitaria, lo que es uno de los factores que inciden en la mayor tasa española de fracaso escolar. Lo mismo ocurre con el gasto de capital en todos los niveles educativos, cuyo peso relativo ha ido descendiendo, con lo que los alumnos no han podido equiparse con las nuevas tecnologías que hoy se utilizan en la enseñanza, tales como los ordenadores o Internet. El porcentaje de las escuelas españolas de primaria y secundaria sin ordenador es casi tres veces superior al de la media de la UE, 32% frente a 10,9%. Finalmente, el número medio de años de escolarización es de 8 frente a 9,1 de la UE.

Lo mismo ocurre con la formación profesional, que ha sido una de las claves de la enorme prosperidad de Irlanda en los últimos quince años. Sólo el 37,5% de los estudiantes de secundaria españoles optan por cursar estudios de formación profesional reglada, mientras que en la UE dicho porcentaje es del 57,6%, lo que muestra el poco prestigio que tiene la formación profesional en España como alternativa para aquellos que no pueden enfrentarse a una carrera universitaria. Además, el 94,7% de dicha formación se recibe en el centro educativo, mientras que en la UE sólo el 68,2% se recibe fuera del lugar de trabajo. Aunque el sistema está pensado para que los estudiantes hagan prácticas obligatorias en las empresas, sólo una pequeña parte lo consigue, crecientemente a través de un programa desarrollado por las Cámaras de Comercio. Es importante resaltar que existe una demanda creciente de formación profesional reglada de grado superior, lo que también muestra la búsqueda de un profesorado más cualificado, ya que existen dificultades para encontrar el suficiente profesorado puesto al día en las últimas técnicas productivas. La formación ocupacional, que tiene como cometido facilitar la inserción de jóvenes y mujeres, así como la reinserción de parados de larga duración en el sistema productivo, está teniendo mayor éxito con la inserción de los primeros que con la reinserción de los segundos. A pesar de ello, el volumen de recursos que se dedican a este tipo de formación es del 0,22% del PIB frente al 0,41% de la UE. Finalmente, la formación profesional continua también muestra claras deficiencias, a pesar de que, con el envejecimiento de la población, es cada vez más importante. Sólo un 26,5% de las empresas españolas ofrecen formación a sus trabajadores frente al 57,4% en la UE. Una de las razones de esta elevada diferencia deriva del excesivo porcentaje de contratos temporales en España, que, con un 33% del total, es del doble de la UE. Otra estadística que muestra dicha deficiencia es que en España las empresas sólo dedican el 1% de sus costes laborales a la formación, frente al 1,6% de la UE.

La introducción de un Sistema Nacional de Cualificaciones, que integra las distintas formas de acreditación y certificación y establece convalidaciones entre los distintos títulos, la integración de los tres sistemas de formación profesional en Centros Integrados de FP y la especialización de éstos por sectores productivos, tal como propone el nuevo proyecto de Ley de Formación Profesional, son iniciativas necesarias que pueden mejorar notablemente la eficiencia de la FP, pero no son suficientes.

En resumen, Carmela Martín y un grupo de economistas de la Universidad Complutense han elaborado un índice sintético de capital humano, que recoge los principales indicadores citados, sin tener en cuenta el nivel de calidad de la educación, que da un valor para España de 35,1% frente a otro de 49,9% para la UE y otro de 98,3% para Estados Unidos. Estamos todavía muy lejos de los porcentajes de nuestros competidores.

En definitiva, proponer nuevas legislaciones sobre la enseñanza universitaria (LOU), sobre la calidad de la enseñanza primaria y secundaria (LCE) y sobre la FP para intentar mejorar lo que ya existe es, sin duda, positivo, pero no es suficiente. Es todavía más importante y urgente aumentar considerablemente los recursos presupuestarios que se dedican a mejorar la cantidad y la calidad de la educación y la formación en España si se quiere evitar que tanto la tasa de crecimiento potencial de la economía española como su nivel de competitividad se vaya quedando atrás respecto al resto de los países de la OCDE, y si se quiere eludir que la educación aumente todavía más la desigualdad social.

Guillermo de la Dehesa es presidente del CEPR, Centre for Economic Policy Research.