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COLUMNA

Por un puñado de votos

El pasado martes alguien con mando en plaza en el PP y en la Generalitat dio la orden y los alcaldes de Orihuela, Torrevieja y Segorbe, con la alcaldesa de Requena al frente cargaron contra los socialistas con la excusa del requisito lingüísitico para hacer lo que mejor saben hacer: oposición a la oposición y, de paso, clientelismo político en las comarcas castellanohablantes. Si la iniciativa no hubiera pasado de ese primer estadio, el debate se habría reducido a una mera cuestión localista. Pero Emma Iranzo, el miércoles, dio un peligroso paso cualitativo al convocar, en su condición de presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, a los alcaldes de los ayuntamientos de habla castellana para explicarles que la actitud del PSPV respecto del requisito 'está demostrando su talante de desprecio hacia los ciudadanos de habla castellana' y, al tiempo, recordar que 'nuestra Comunidad es bilingüe y no se puede consentir que a los ciudadanos nacidos en zonas de habla castellana se les ponga barreras que les impidan tener las mismas oportunidades que los demás'. Consideración, esta última, que revela el auténtico espíritu que la anima a encabezar la rebelión y demuestra hasta qué punto sus argumentos son falaces y rozan la miseria política.

Pero vayamos por partes. La exigencia del requisito lingüístico surge como consecuencia del Pacte pel Valencià que hizo posible la Acadèmia y que firmaron Eduardo Zaplana y Joan Ignasi Pla. La filosofía de aquel pacto se concretó en una resolución de la Consejería de Educación del 6 de mayo de 2001 firmada por el consejero Manuel Tarancón en el que se puede leer literalmente: 'Todo el profesorado de Educación Secundaria (...) deberá tener la capacitación lingüística y técnica adecuada para impartir la enseñanza en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana'. Resolución que se concretó más en el acuerdo de la consejería con los sindicatos por el que se desarrollaba el requisito y que Tarancón rompió unilateralmente, sustituyéndolo por un decreto de mínimos.

El raquitismo del decreto, sin embargo, no evita que el requisito se mantenga como una exigencia para todos aquellos aspirantes a ejercer la docencia en la Comunidad Valenciana con independencia de cuál sea su lugar de nacimiento. En definitiva: si la discriminación denunciada por Iranzo existiera, habría sido impulsada por su propio partido y por la Generalitat. La alcaldesa de Requena se ha rebelado en su propia granja y contra los suyos. Hasta aquí la falacia de una política que ayer tuvo que dar marcha atrás y desdecirse de sus temerarias y peligrosas posiciones iniciales.

El miserabilismo es la conclusión de una práctica política en la que todo vale para conseguir un puñado de votos, aun a costa de enfrentar y dividir a los valencianos. Una estrategia que nos ha devuelto por el túnel del tiempo a la etapa más negra de la derecha local, aquella que protagonizó Abril Martorell.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de mayo de 2002