Precintado un almacen farmacéutico tras la denuncia de su plantilla

La Consejería de Sanidad ordenó ayer el cierre cautelar de un almacén de distribución de productos farmacéuticos de la empresa Trust Farmacéutico. Los trabajadores de esta firma, que llevan tres meses sin cobrar y cuyos directivos 'han desaparecido', según denuncian, alertaron el pasado 14 de mayo a los inspectores de la consejería de que un representante legal de la empresa se había llevado todos los medicamentos del almacén 'sin control', incluidos los que requerían refrigeración y algunos caducados. Sanidad ha puesto el caso en manos de la Guardia Civil.

La consejería precintó el local, sito a pocos metros de la céntrica plaza madrileña de Ópera, después de que la directora técnica de Trust, Leticia Martín, denunciara el pasado día 14 que un representante del administrador único de la empresa, Fernando García Prieto, y un grupo de personas se habían presentado en el almacén y supuestamente se habían llevado todos los medicamentos, cuyo valor alcanza los 180.000 euros, según Martín.

'Metieron todo en cestas, mezclaron los productos válidos con los caducados y sacaron los medicamentos que necesitan refrigeración y los echaron sin más en las camionetas. Algunas cajas de productos caducados los tiraron a un contenedor de la calle, y después vimos cómo se los llevaban algunos mendigos', relataba ayer la directora.

Los inspectores de Sanidad se presentaron entonces en el almacén y precintaron los contenedores donde se guardan las medicinas. El representante del administrador y sus acompañantes 'no pudieron llevárselos porque estaban bajo llave y ésta la tenía la directora técnica', explicaron fuentes de Sanidad. Ese mismo día, la consejería alertó a la Guardia Civil sobre la retirada de los medicamentos, según las mismas fuentes, 'porque tiene que haber un seguimiento de todos los productos farmacéuticos, y nadie, aunque sea el dueño, puede llevárselos sin más'.

Alrededor de las dos de la tarde de ayer, los inspectores decretaron el cierre cautelar del almacén, ya semivacío, al no cumplir ni con los stocks mínimos ni con las condiciones de higiene necesaria para permanecer abierto.

'De película'

Para los 12 trabajadores de Trust Farmacéutico, una distribuidora fundada en 1947, el cierre ha sido casi una liberación y el único episodio lógico que han vivido desde que, en julio del año pasado, la empresa fue adquirida por Servicios Integrales Naga, una firma con sede en el número 14 de la calle Mayor. 'Ha sido de película. Desde el principio todo fue mal. No cumplieron con los avales que nos exigían nuestros proveedores, no teníamos dirección, salvo por una persona que venía un par de horas al día, y pronto pasamos de tener 200 clientes a tener 15 en febrero', relató Luis Rayuelo, jefe de almacén. Para lo único que visitaban las oficinas de Trust, según los trabajadores, la mayoría de ellos empleados desde hace más de 20 años, era para cobrar las facturas.

'Calculamos que se han llevado unos tres millones de euros del dinero que nos debían las farmacias a las que servíamos', asegura Manuel López, el jefe de equipo. Éste agrega que el 19 de marzo pasado, Día de San José, alguien entró en el almacén y se llevó medicamentos por valor de 48.000 euros.

Los empleados presentaron una denuncia por robo en la comisaría de Centro, que dio traslado de la misma a los juzgados. García Prieto compareció después ante el juez encargado del asunto, según Leticia Martín, y los trabajadores aseguran que desde entonces no han vuelto a saber nada de él. EL PAÍS intentó ayer, sin éxito, localizar a esta persona para conocer su versión.

Los trabajadores requirieron los servicios de un abogado al comprobar que no habían cobrado sus nóminas de marzo, abril y mayo. 'Nadie nos coge el teléfono en ningún lado, ni el administrador ni su representante. Para nosotros, literalmente han desaparecido', aseveran.

Hasta ayer, los 12 empleados de Trust habían acudido diariamente a su lugar de trabajo, a pesar de que desde febrero no han tenido labor por falta de pedidos. 'Nadie nos ha despedido y, como necesitamos cobrar el paro, tenemos que venir cada día para que no nos acusen de faltar a nuestro trabajo', señaló Luis Rayuelo. Ahora esperan la decisión del Juzgado de lo Social, ante el que también han denunciado a los responsables de Naga.