El cese de subvenciones causa que sólo se incinere el 10% de las harinas cárnicas

Desde que el Ministerio de Agricultura suprimió las subvenciones el 1 de enero pasado, la retirada y eliminación de residuos de las vacas locas funciona de manera inadecuada, según los varios sectores afectados. Las cementeras y otras plantas sólo están incinerando el 10% de las harinas cárnicas. El resto se tira a vertederos o se vende a los fabricantes de comida para animales domésticos (ambas vías son legales). Muchas pequeñas carnicerías urbanas no pueden asumir los costes de que les retiren los huesos y despojos, y han optado por tirarlos directamente a la basura.

La retirada y eliminación de los materiales de riesgo, antes financiada por el Gobierno, recaen en los operadores privados. La retirada de los animales muertos en explotación recae en los ganaderos (con un seguro privado); la de los materiales específicos de riesgo (MER, tejidos con más priones) la asumen ganaderos, mataderos u operadores posteriores, según la comunidad autónoma; la de huesos y despojos de carnicería, los carniceros; y la de las harinas cárnicas, los fabricantes. Sin subvenciones, cada operador privado intenta reducir costes, y por ello el sistema de eliminación está funcionando de modo poco satisfactorio.

Un 40% menos

Las empresas que convierten los despojos en harinas cárnicas están en la patronal Anagrasa. Su portavoz, Clemente Fernández, asegura que las grandes superficies cumplen con su obligación de entregarles los despojos, pagándoles 20 céntimos de euro por kilo (en este negocio, paga el que entrega el material que debe procesarse). Pero también asegura que el suministro de despojos se ha reducido en un 40% en las capitales: 'Muchos carniceros minoristas, en mercados urbanos y pequeñas tiendas, tiran los despojos a la basura', afirma Clemente Fernández. El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Fernando Moraleda, coincide en ello. Los despojos no deberían tirarse a la basura. La ley obliga a venderlos a los fabricantes de harinas, porque en este proceso los posibles priones quedan inactivados. Pero desde el 1 de enero es demasiado caro.

El Gobierno promovió el año pasado acuerdos para que las cementeras incineraran las harinas cárnicas. El portavoz de la patronal cementera, Rafael Fernández, explica que cada fabricante decide si entrega o no el producto a una planta de cemento. Y la mayoría no lo hace, por los costes. Por cada kilo de harina entregada, la harinera debe pagar a la cementera ocho céntimos de euro. 'La mayoría de las harineras optan por tirar las harinas a un vertedero: les sale a la mitad', afirma. 'De las 35.000 toneladas de harinas que se producen al año, las cementeras sólo estamos incinerando 3.500 toneladas, o un 10%'.

Algunas comunidades, como la andaluza, promueven otras plantas de incineración. Pero, aun así, la gran mayoría de harinas no se incineran. El portavoz de Anagrasa lo confirma: 'Muchas veces las harinas se tiran a vertederos, pero desde que no hay subvenciones hemos ido encontrando vías igualmente menos costosas que las cementeras. Supimos, por ejemplo, que los productores de comida para animales domésticos importaban harinas de Alemania, y buscamos introducirnos en el sector. Un tercio de la producción de harinas, unas 10.000 toneladas, se destina ahora a comida para animales domésticos'. Los priones de estas harinas están inactivados, y ese uso es legal.

El Ministerio de Agricultura quería que los costes de la eliminación repercutieran en el consumidor: el kilo de carne subiría cuatro céntimos. Pero, según Moraleda, eso sólo funcionaría en un mercado bien supervisado por la Administración: 'Los sistemas deberían ser públicos. Para que el consumidor asumiera el coste, la carne debería llevar una etiqueta que diga qué parte del precio va a eliminación de residuos. Así se funciona, y muy bien, en Francia'.