Aznar intentará hoy desbloquear con Blair el acuerdo sobre la cosoberanía de Gibraltar

José María Aznar y Tony Blair tendrán un duro cometido cuando se reúnan hoy en Londres, al hilo de la visita que el presidente del Gobierno español realizará por la tarde a Oxford para pronunciar una conferencia. Sobre la mesa del almuerzo que celebrarán en Downing Street, un acuerdo para liquidar el contencioso de Gibraltar, que está prácticamente ultimado pero no puede ser firmado, esencialmente debido a problemas políticos del primer ministro británico. Los dos mandatarios deberán reunir fuerzas para impulsar definitivamente las negociaciones. O dejarlas morir.

Es seguro que la expresión de apoyo la darán en cualquier caso, porque los ministros de Exteriores respectivos, Josep Piqué y Jack Straw, respectivamente, ya han anunciado que se verán dentro de mes y medio a fin de volver a intentar un consenso que, hace sólo dos semanas, pensaban que se realizaría hoy, si no antes.

Al cabo de seis meses de negociaciones efectivas, la agenda ha quedado perfectamente definida y los únicos posibles puntos de convergencia entre las partes han sido suficientemente identificados como para decir que el acuerdo está ultimado y que mientras se discute de detalles, lo que queda por dilucidar es si se quiere o no asumir el riesgo de cerrarlo.

Los puntos de la agenda son tres: el estatuto de soberanía, el futuro de la base militar y la capacidad de los gibraltareños para condicionar la validez del compromiso alcanzado por España y el Reino Unido. Por lo que se refiere al primer punto, el lugar de encuentro está en un régimen de soberanía compartida por tiempo indefinido, es decir sin plazo de caducidad, que incorpore la garantía incluida en el artículo 10 de Tratado de Utrecht de que España tendrá la soberanía plena sobre Gibraltar en el caso de que los británicos cedan sus derechos.

La base militar será de soberanía compartida como el resto del territorio, o no habrá acuerdo. Lo único negociable, y no en esta fase, son las condiciones bajo las cuales España cedería el control operativo de las instalaciones al Reino Unido, del mismo modo que cede a Estados Unidos el control de Rota y Morón.

Ratificación parlamentaria

En cuanto al referéndum que los británicos deben realizar entre los gibraltareños, porque tienen el compromiso de no transferirles a la soberanía de otro país sin su consentimiento, España, que rechaza el derecho de autodeterminación de los llanitos, tendrá que conformarse con que el voto previsiblemente negativo de éstos no invalide lo acordado, aunque sí bloquee su aplicación. Para ello, las dos partes se proponen someter su acuerdo a la ratificación de los respectivos Parlamentos.

El acuerdo tendrá finalmente la forma de una Declaración de Principios que sentará las bases de un tratado futuro. La idea de negociar directamente el tratado se abandonó cuando, tras conocerse la determinación de Londres de llegar a un compromiso aunque se opusieran los gibraltareños, surgieron las primeras protestas de éstos y las subsiguientes manifestaciones de rechazo dentro de Westminster, no sólo por parte de la oposición conservadora sino de exponentes del laborismo.

La negociación avanzó, sin embargo, con agilidad por la vía de la soberanía compartida hasta que, en un momento algo tardío, Londres planteó el problema de la base con la pretensión inicial de excluir esas instalaciones del acuerdo. La parte británica se avino posteriormente a compartir la soberanía también sobre la base y reclamó solamente el control operativo de la misma.

El pasado 23 de abril, Piqué transpiraba optimismo, pero la publicación de que ese día, en Valencia, había celebrado un encuentro con Straw que hubiera debido quedar secreto hizo creer, erróneamente, a los británicos que la parte española había filtrado la información. El Foreign Office descargó su malhumor revelando la agenda de las conversaciones y los problemas planteados. Unas secas declaraciones de Aznar sobre la aspiración española a la plena soberanía del Peñón tensaron más el ambiente.

Así se llegó a anunciar que el acuerdo llegará, como pronto, si acaso, en julio. En el trasfondo de esa noticia pesaba claramente, más que las diferencias entre las partes, la división del laborismo en torno al tema. Se supo que el propio ministro de Defensa de Blair se oponía al acuerdo. El problema de abrir un compás de espera es que el Gobierno de Gibraltar ha iniciado una nueva campaña de protesta y, hasta ahora, el tiempo ha servido para que aumenten las protestas y no para conquistar a los gibraltareños.

El propio ministro Piqué señaló el pasado sábado que la negociación es 'muy complicada', pero mostró la disposición del Gobierno a llegar a un acuerdo que, según dijo, requiere 'imaginación, y voluntad y coraje políticos'. En declaraciones a Onda Cero, el titular de Asuntos Exteriores se mostró esperanzado en llegar a un acuerdo 'antes de las vacaciones de verano, lo que supondría, añadió, cerrar las conversaciones en un 'tiempo récord'.