Una contrarreforma en ciernes

Cinco años después de que el Gobierno valenciano, gobernado por el PP, rompiese el equilibrio y aumentase la participación del sector público en las cajas de ahorros de la Comunidad por encima del 50%, el Gobierno de José María Aznar ha puesto encima de la mesa una Ley Financiera que enmienda la línea emprendida en 1997 por la Generalitat valenciana. El Consell, dirigido por un PP recién llegado al poder, restó presencia en las cajas a impositores, trabajadores y entidades fundadoras para hacerse un hueco (28%) en los órganos de gobierno de las cajas, que gestionan cerca de cuatro billones de pesetas.

El paso adelante que dio Zaplana con aquella reforma arrojaba dudas entonces, que ahora las instituciones comunitarias han aclarado con firmeza. La Comisión Europea considerará ayudas públicas estatales los créditos prestados por unas entidades financieras, las cajas españolas, que tengan una participación pública superior al 50%. El Tribunal de Defensa de la Competencia europeo ha sido taxativo en esta cuestión.

Entidades fundadoras, impositores y sindicatos reclaman sus derechos históricos

La utilización de las cajas para financiar proyectos políticos ha recibido varias críticas

Cuando el PP reformó la ley valenciana de cajas en 1997, sin el consenso de la oposición, este argumento técnico salió en los debates previos a su aprobación, pero el gobierno popular hizo oídos sordos a las advertencias de la oposición y a los informes de reconocidos juristas españoles. El PSPV destacó el Informe García Enterría, en el que se advertía que una participación pública en las cajas superior al 50% 'desvirtuaba su naturaleza jurídica', privada pero sometida a una serie de obligaciones sociales. Los socialistas calificaron la modificación como 'un asalto a las cajas' del PP con vistas a financiar sus grandes proyectos públicos.

El Consell obvió estos razonamientos y sacó adelante una modificación legal que sentó precedente en España. Los temores que en su día comentaron en privado el Banco de España y el Ministerio de Economía, también del PP, de que cundiera el ejemplo en otras comunidades autónomas no tardó mucho. Otros gobiernos regionales (del PP y del PSOE) copiaron a Zaplana y convirtieron a las administraciones públicas autonómicas y locales en los socios mayoritarios de las cajas de ahorros. Esta nueva vía de financiación descubierta por las autonomías, así como las emisiones de deuda cada vez mayor de estos gobiernos regionales ha recibido la censura del gobernador del banco central, Jaime Caruana, e incluso el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, ha aprovechado la coyuntura para cortarlo.

El PP aprovecha la Ley Financiera para poner límites a esta carrera y presenta a última hora (se dice en círculos políticos que a iniciativa de Rato) una enmienda donde limita la participación pública en las cajas de ahorros al 50%. Cuando se apruebe, el Gobierno central abrirá un plazo de seis meses para que las comunidades autónomas con competencias en materia de cajas adecuen su legislación a la estatal.

En este proceso, la Generalitat que junto a las corporaciones locales cuenta en las cajas con una participación de entre el 56% y el 59%, deberá aplicar la contrarreforma. Si en 1997 aumentó la presencia pública del 35%, en mano entonces sólo de los ayuntamientos, al 56%, deberá ahora emprender un proceso inverso. Algunos de los colectivos que vieron recortada su representación -los impositores pasaron del 35% al 28%, las entidades fundadoras del 15% al 5% y los sindicatos del 15% al 11%- reclaman hoy sus derechos históricos, reconocidos por la Ley de Órganos Reguladores de las Cajas de Ahorros (LORCA). El presidente de la Asociación de Impositores (AI), el ex diputado popular Ángel Villanueva, lo ha pedido. Apoyó sin reservas la ley de 1997, que recortaba la cuota de impositores, y respaldará ahora la ley Financiera.

La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE), en la órbita socialista, se pronuncia en parecidos términos. 'Nosotros como UCE nos felicitamos porque cinco años después se nos da la razón', declara su responsable, Ana Zarzuela. 'Dado que son los impositores los que aportan su dinero, nadie mejor que ellos mismos para velar por los intereses de la entidad, que en buena parte coinciden con los suyos propios', argumentó hace cinco años la UCE. Esta organización de consumidores criticó que el reparto de fuerzas entre las corporaciones municipales (administración pública) e impositores, con una presencia paritaria, se desequilibrara a favor de los primeros con la entrada de la Generalitat. 'Un tiempo después se nos da la razón', concluye Zarzuela.

En el PSPV se reivindica esa rebaja del sector público desde antes de la aprobación de la reforma de Zaplana y, por tanto, son favorables a la enmienda del PP. Al igual que lo ocurrido con los casos Sniace o Air France, el PP teme que los préstamos de las cajas se equiparen a los del Estado y se les acuse de dúmping público. También existe el riesgo de inconstitucionalidad por lo que ya argumentaba García Enterría en relación a la naturaleza jurídica de las cajas. Según el secretario de Economía socialista, Ricard Torres, la politización de las cajas las ha forzado a conceder determinados créditos a entidades públicas o semipúblicas y ha condicionado el gasto de la Obra Benéfico Social (OBS).

Pero en la Comunidad, la nueva ley de cajas del PP introduce un hecho sin precedentes que ha agriado en estos cinco años los procesos de renovación de los órganos de gobierno de estas entidades financieras: La falta de proporcionalidad en la elección de los consejeros designados por el sector público. El Gobierno valenciano ha sido el único que no ha respetado este criterio. 'Lo que el PP ha pretendido siempre es que el 100% de la asamblea [impositores, administraciones públicas, sindicatos y fundadores) se distribuyan en base a los resultados electorales', argumentaba el PSPV en los últimos comicios celebrados en las cajas. 'Con esta concepción, el PP está convirtiendo a las cajas, no ya en entidades de mayoría pública sino totalmente públicas'. Esta situación de indefensión, alegan los socialistas, les llevó recientemente a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 'El PSPV lo único que reclama es la aplicación del criterio más democrático, que es que los consejeros designados por la Generalitat se elijan de acuerdo al número de diputados autonómicos que tiene cada grupo político', agregan.

De aprobarse la Ley Financiera en sus actuales términos, los socialistas valencianos, que han presentado una enmienda reclamando la proporcionalidad, son partidarios de que el porcentaje al que las Administraciones públicas deban renunciar se devuelva a los impositores y a los sindicatos.

Por último, las cuotas participativas, auténtica novedad de la Ley Financiera, se regulan con el propósito de que las cajas, que carecen de accionistas, se capitalicen con este nuevo instrumento. Esta especie de participaciones carecerían de derechos políticos pero aportarían dinero de los inversores. Para los socialistas, las cuotas abrirían las puertas a un proceso de privatización a medio plazo de estas entidades.

El Gobierno valenciano espera a la tramitación de la Ley Financiera y sólo ha expuesto algunas líneas generales de lo que hará, aunque la decisión no está todavía tomada, decía el viernes el consejero de Economía, Vicente Rambla. El Consell, en principio partidario de que los impositores crezcan en presencia, no descartan la entrada de otras instituciones de carácter empresarial en las asambleas de las cajas de ahorros valencianas. Está por ver. Tampoco ha precisado con exactitud si la reducción del sector público en estas entidades se la repartirán paritariamente la Generalitat y las corporaciones locales o si se hará a costa de estos últimos. Las cajas vuelven, de nuevo, a la actualidad y no precisamente por sus resultados económicos.