El 'pelotazo' de Tablada

El Estado dio su gran pelotazo urbanístico en Sevilla en 1997, con los terrenos de Tablada, situados al sur de la ciudad, junto al río Guadalquivir. La mayor finca de aquella dehesa, 48 de las cerca de 300 hectáreas totales, fue cedida gratuitamente en 1914 por el Ayuntamiento de Sevilla, su dueño entonces, al Ejército. Allí se estableció el primer aeródromo de la ciudad, de carácter militar. Las obras de acondicionamiento del incipiente aeropuerto se iniciaron en 1915 y ese mismo año comenzó a ser utilizado por el Servicio de Aeronáutica Militar.

Ocho décadas después, en 1997, una vez desafectados de su uso original, el Ministerio de Defensa sacó a pública subasta todos los terrenos, calificados como rurales y no urbanizables. Las cajas de ahorros con sede en Sevilla, El Monte y San Fernando, adquirieron aquellos suelos, unas 270 hectáreas, por, aproximadamente, 81,7 millones de euros (unos 13.600 millones de pesetas) con el objetivo puesto en el negocio inmobiliario que les auguraba el convenio firmado con el Ayuntamiento para el desarrollo de la dehesa.

Para el Estado, que luego se ha desentendido del futuro de unos terrenos que el Ayuntamiento quiere ahora recuperar a través de la expropiación, el negocio fue redondo. Más de 80 millones de euros por una finca rústica y no urbanizable que no les había costado un duro adquirir.

Tras aquella lucrativa operación, aún quedan en Sevilla en manos estatales, sobre todo del Ministerio de Defensa, multitud de instalaciones abandonadas o infrautilizadas. Recientemente, la Gerencia de Urbanismo ha denunciado públicamente el mal estado de conservación en que se encuentra la Fábrica de Artillería, un edificio de 1782, heredero de una actividad que se desarrolla allí desde 1565, declarado Bien de Interés Cultural en noviembre de 2001, y al que las autoridades militares apenas dan uso en la actualidad. El Ayuntamiento solicita su rehabilitación y su cesión a la ciudad para destinarlo a actividades culturales.

En la misma situación de descuido, aunque con un menor valor patrimonial, se encuentran, por ejemplo, el antiguo hospital militar o los cuarteles de caballería y artillería, en la salida de la ciudad hacia Cádiz. Uno de los edificios de este último acuartelamiento cuenta con diseño de Aníbal González, uno de los principales arquitectos del regionalismo andaluz, en los años veinte.

Otra de las más llamativas instalaciones propiedad del Estado y en situación de semiabandono es el edificio de la antigua prisión provincial, ubicado entre Nervión y Sevilla Este, una de las zonas de mayor desarrollo urbanístico de los últimos años, y sustituido en los años ochenta por un moderno complejo en las afueras de la ciudad. Casi dos décadas después, Junta y Ayuntamiento han solicitado sin éxito al Gobierno central su cesión para diversos usos.

En la delegación municipal de Urbanismo, enfrascada en la actualidad en la redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se confía, según fuentes municipales, en que esta nueva normativa y su proceso de elaboración ofrezcan oportunidades de negociación entre las diferentes administraciones públicas para dar respuesta a estos casos de inmuebles y solares infrautilizados.

El caso del hospital militar Vigil de Quiñones, con notables diferencias respecto al resto, ocupa espacio en los medios de comunicación desde hace meses. Adquirido el terreno a la familia Sánchez-Bedoya en los años cincuenta, Defensa construyó allí un completo centro de 12 plantas y con capacidad para 750 camas. Sólo 280 están ahora en uso y apenas 100 son utilizadas. El Estado quiere venderlo y la Junta comprarlo para integrarlo en su sistema sanitario. El problema, como no, estriba en el precio. La oferta autonómica no supera los seis millones de euros. Defensa pide seis veces más.