Rajoy asume que hay más delitos, pero alega que se encarcela más

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió ayer su gestión frente a la escalada de los delitos, que aumentaron un 6% en los tres primeros meses del año. El ministro del Interior contrapuso las cifras de ingresos en prisión. Según dijo, el primer trimestre se ha saldado con 2.000 presos más que en 2001. Y abundó en la tesis de que los inmigrantes, con el 74% de los encarcelamientos, protagonizan la inseguridad ciudadana.

Rajoy, que acudió a Valencia para firmar un convenio de carreteras con las diputaciones provinciales, también corrigió las cifras aportadas recientemente por el presidente del Gobierno, José María Aznar, en el Congreso de los Diputados.

Si EL PAÍS ya reveló ayer que los delitos en España han aumentado un 6% en el primer trimestre, cuando Aznar había afirmado el miércoles en la Cámara Baja que se habían reducido en ese periodo, el ministro del Interior redujo ayer el porcentaje de inmigrantes encarcelados al 74% del total, mientras el presidente los había situado en el 89%. 'Esa cifra corresponde a los dos primeros meses del año', justificó el vicepresidente.

El ministro del Interior defendió el sistema penitenciario español como 'uno de los más avanzados de Europa' y, frente al aumento de la delincuencia, contrapuso 'la eficacia de los cuerpos de seguridad del Estado'. Una eficacia que se ha traducido en un ingreso neto en prisión de 2.000 personas más que en el primer trimestre de 2001.

Con la cifra del 74% de nuevos presos extranjeros, Rajoy asoció inmigración ilegal con la escalada de los delitos. 'El boom de la inseguridad ciudadana y de la inmigración es un problema real, un problema que está ahí', enfatizó el ministro, que afirmó que éste es probablemente 'el más importante que afronta la Unión Europea'. Incluso lo relacionó con los últimos 'resultados electorales' que se están dando en muchos países europeos, en referencia al auge de los partidos de ultraderecha.

Preguntado por la política a seguir, el vicepresidente del Gobierno explicó que los ministros de Justicia y Exteriores de los países miembros de la UE ya acordaron el pasado jueves en Luxemburgo pedir a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se reunirán en Sevilla en junio, al final de la presidencia española, 'que digan a los países de procedencia de los inmigrantes' que las relaciones con ellos 'van a estar condicionadas por su eficacia a la hora de evitar que esto se produzca'.

Delitos menores

Pese a ello, el ministro intentó evitar que sus palabras dieran argumentos a los que defienden posturas xenófobas. 'No hay que hacer demagogia ni de un lado ni del otro', explicó. Y afirmó que en España 'hay 600.000 extranjeros que cotizan a la seguridad social' y cumplen sus obligaciones contribuyendo al crecimiento económico español.

Frente a este grupo de extranjeros reconoció que hay otros dos muy implicados en la delincuencia, el de 'las mafias que se instalan en España' y el de 'la marginalidad' en referencia a algunos inmigrantes sin papeles. 'Se trata de personas que vienen de países donde es metafísicamente imposible llevar una vida libre y es lógico que quieran emigrar a otros países', explicó. A este grupo achacó la explosión de los llamados delitos menores, 'que sólo son menores para quien no los sufre'. Para atajar esa explosión, explicó, se ha llevado a las Cortes un proyecto de ley para implantar los juicios rápidos, de modo que los delincuentes puedan ser juzgados en 24 o 48 horas.