Las nuevas tribulaciones de Duhalde

Argentina rozó otra vez esta semana el fondo del colapso financiero. La salida de depósitos, que ni siquiera el corralito pudo frenar, se vino acentuando en el último mes porque la justicia aceptaba los recursos de amparo de los ahorradores para llevarse su dinero. El Gobierno del peronista Eduardo Duhalde se vio ante un nuevo dilema: buscar una paridad fija con el dólar.

Duhalde zanjó su primera crisis de Gobierno con un acuerdo de 14 puntos con los gobernadores provinciales

Si el Gobierno de Duhalde permitía el drenaje de capitales corría el riesgo de que la mayoría de los bancos, entre ellos estatales, nacionales y extranjeros, se cayera y de que los ahorradores compraran dólares con los pesos obtenidos, lo que incrementaría la devaluación del 71% de la moneda y recalentaría la inflación del 9,7% en el primer trimestre del año. Si cerraba el goteo del corralito, podían crecer las protestas de una población indignada por la violación del derecho a su propiedad y, a su vez, enfriaría aún más una economía que lleva cuatro años de recesión.

Unos 200.000 de los nueve millones de ahorradores iniciaron acciones judiciales y hasta la tercera semana de abril 21.568 habían conseguido recuperar algo o todo su dinero. En total se llevaron del sistema financiero 707 millones de dólares (804 millones de euros). Un documento de la patronal bancaria, en la que están representadas las filiales de BBVA (Francés) y SCH (Río), dirigido a la Corte Suprema de Justicia alertó de que si falla a favor de todos los recursos de amparo, los bancos deberían devolver 7.608 millones de dólares (8.645 millones de euros), el doble del efectivo con que cuenta el sistema financiero. El informe advertía que la circulación monetaria aumentaría el 142%, con el consiguiente impulso a la inflación, y conllevaría cierres masivos de bancos. Hace diez días fue suspendido por un mes el Scotiabank Quilmes, filial del canadiense Bank of Nova Scotia. Para evitar una sangría mayor, el Banco Central argentino decidió imponer el cierre de los bancos entre el lunes y jueves de esta semana, mientras en el Congreso buscaba alguna solución.

La renuncia de Remes

Jorge Remes Lenicov, ministro de Economía hasta el viernes pasado (el economista y embajador ante la UE y la OMC, el peronista Roberto Lavagna, ocupa ya su cartera) impulsó un proyecto de ley para frenar el colapso bancario mediante la conversión de los depósitos a plazo congelados hasta 2005 en títulos a diez años de un Estado en suspensión de pagos externos. Una idea similar había aplicado en 1990 el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), pero los ahorradores del siglo XXI no son iguales que en aquel tiempo: además de más numerosos, han demostrado su furia con manifestaciones cotidianas a las oficinas bancarias, que debieron reemplazar los vidrios de sus escaparates por chapas de acero, y se congregaron durante toda esta semana frente al Congreso para evitar la sanción de la llamada ley bono.

Lo consiguieron. Remes Lenicov renunció el martes y hasta el propio Duhalde, elegido en enero por el Parlamento, tambaleó. Sin embargo, los legisladores terminaron aprobando dos días después la norma tapón, que impide a quienes hayan obtenido un fallo favorable de primera instancia contra el corralito hacerse inmediatamente de los fondos, tal como ocurrió en las últimas semanas. Deberán esperar la sentencia final de su caso.

Duhalde zanjó su primera crisis de gobierno con un acuerdo de 14 puntos con los gobernadores provinciales que responde a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reanudar la ayuda interrumpida en diciembre pasado. El pacto no sólo incluye el enésimo compromiso de recortar el déficit público provincial, sino que también se propone sin fecha la eliminación del corralito. El objetivo consiste en descongelar primero las cuentas de ahorro. El Estado se hará cargo, en principio, de responder por los bancos públicos. El Banco Central se responsabilizará por hasta 30.000 pesos (9.852 euros) de cada depósito en entidades privadas, que deberán responder por sumas superiores.

El FMI considera que el Gobierno argentino debe descongelar los ahorros en forma gradual, pero sin demoras, porque si no jamás se recuperará el crédito ni lo que queda del sistema financiero. Para ello le encomienda tres tareas fundamentales, según un informe de M&S Consultores. La primera consiste en la creación de condiciones que permitan la desaparición del corralito sin generar mayores presiones en la inflación y el tipo de cambio. Para ello, el organismo de Washington propone la creación de activos de ahorro que absorban la liquidez excesiva. Sólo después se podrá abrir de a poco el cerrojo bancario. Como opción al canje de depósitos a plazo por títulos públicos, el FMI propone que los bancos ofrezcan a los clientes bonos propios negociables en el mercado secundario.

La segunda tarea radica en la reestructuración y fortalecimiento de los bancos públicos, principalmente el Nación Argentina, el Ciudad de Buenos Aires y el Provincia de Buenos Aires. La última recomendación del FMI apunta a establecer un marco que permita detener o amortiguar el deterioro del sistema financiero. En un pronóstico pesimista, el FMI calcula que el 30% de la cartera de préstamos de los bancos privados y la mitad de la de las entidades públicas serán irrecuperables este año. Si el drenaje de depósitos continuara, el capital del sistema se reduciría el 80% en 2002. Por el momento, la banca extranjera ya ha descontado fuertes pérdidas por la crisis: Citigroup, 2.200 millones de dólares; BBVA y SCH, un total de 3.200 millones; FleetBoston 1.300 millones; HSBC (que esta semana anunció que no pondrá ni un duro más en Argentina), 1.100 millones; JP Morgan, 411 millones, y Bank of Nova Scotia (que cerró su filial hace diez días, pero intenta reabrirla), 377 millones.

La propuesta del FMI

El organismo presidido por Horst Köhler propone la creación de una Unidad de Reestructuración de la Banca Argentina (URBA), dentro del Banco Central, para desarrollar y aplicar soluciones para bancos identificados como débiles. La propuesta consiste en que el sector privado solucione sus problemas. Para ello, la URBA debe exigir a los accionistas de las entidades que inyecten capital fresco o vendan acciones por una tercera parte en 60 días, adopten medidas urgentes para restaurar la liquidez en un mes y presenten un plan de negocios viable en 45 días. Si los dueños no pueden o no quieren capitalizar sus bancos, o su plan resulta insostenible, la URBA debería intervenir las entidades y buscarles un comprador. En caso de no hallarlo, la unidad reguladora transferirá activos y pasivos (excepto depósitos a la vista) a un fideicomiso manejado por instituciones privadas y entregará los depósitos a la vista a una banco sano. El Estado debería cargar con el coste de la reestructuración de un sistema financiero que se encamina hacia una mayor concentración. Los analistas vaticinan que BBVA y SCH, a diferencia de otros bancos extranjeros, permanecerán en Argentina para evitar la desconfianza de sus clientes en el resto de la región y aumentarán en forma significativa su porción de mercado. En el camino deberá enfrentar la competencia de los bancos norteamericanos, en especial, del Citigroup.