El ex presidente del Málaga declara ante el juez por supuesto blanqueo de dinero

El ex presidente del Málaga, Fernando Puche, declaró ayer ante el juez por primera vez desde que fuera detenido el 16 de diciembre de 1999 acusado de fraude fiscal, falsedad documental y contable y blanqueo de dinero. La fianza de 30 millones de pesetas le libró de la cárcel. La imputación, que mantiene el juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, surgió por la actividad del empresario malagueño al frente de una sociedad limitada que lleva su nombre y que, ubicada en el puerto de Málaga, se dedica al avituallamiento de barcos.

La policía le detuvo acusado de contrabando de tabaco y de un fraude fiscal superior a los 15 millones de euros (2.500 millones de pesetas). Según la policía, el empresario malagueño adquiría directa o indirectamente (a través de empresas que controlaba) grandes cantidades de tabaco destinadas, siempre presuntamente, al mercado exterior pero que luego se quedaban en el país cuando ya habían quedado libres de aranceles e impuestos. Fernando Puche no habló a la prensa, pero su abogado, Luis Miguel Llamas, afirmó: 'No hay nada que implique directa o indirectamente a Fernando Puche'.

La comparecencia de Fernando Puche en calidad de imputado se produce a petición propia y después de que se negara a declarar en 1999 porque había sido decretado secreto sumarial. Llamas denunció que se habían vulnerado los derechos de su cliente, ya que no tenía acceso a las actuaciones judiciales. Por aquel entonces, el caso lo dirigía el juez de instrucción número 6 de Málaga, Rafael Caballero Bonald, que después traspasó el sumario a la Audiencia Nacional al haber implicados de otras provincias.

La ronda de declaraciones practicadas por Ruiz Polanco en Málaga incluyó al ex vicepresidente del Málaga, Pedro Martín Graciani, imputado por los mismos delitos que Puche. El juez ha decidido devolver a este último la fianza de 180.000 euros (30 millones de pesetas) que abonó para evitar la cárcel tras su detención en 1999. Los abogados de Graciani también han solicitado la cancelación de su fianza, que asciende a la misma cantidad.

Luis Miguel Llamas aseguró ayer que solicitará el sobreseimiento una vez que concluyan las investigaciones sobre una supuesta red de contrabando de tabaco y blanqueo de dinero por la que han sido detenidas más de 80 personas.