De Valencia a Ramala

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onferencia Euromediterránea de Valencia se ha visto tan contaminada por la crisis en Oriente Próximo que su resultado más tangible es que mister Pesc, Javier Solana, y Miguel Ángel Moratinos podrán finalmente entrevistarse hoy con Arafat en Ramala. Sharon acepta ahora lo que negó a la UE el pasado 4 de abril. Ante el ahondamiento del conflicto, el objetivo de este viaje es muy concreto y limitado: mejorar las condiciones del presidente palestino en su sede, y las de los asediados por las fuerzas israelíes en la basílica de la Natividad de Belén, además de empezar a pensar en la reconstrucción de lo destruido a los palestinos por Israel. Solana explorará también la posibilidad de una 'fórmula rápida' para poner fin a la violencia. Una última esperanza la proporcionó ayer la reunión de la Internacional Socialista en Madrid, que, con la presencia de Simón Peres y Hanni al Hassan, secretario internacional de Al Fatah, propuso una iniciativa de paz que lleve al reconocimiento mutuo de Israel y Palestina en un plazo de ocho semanas.

Esta conferencia de Valencia debía constituir uno de los hitos del semestre comunitario español, pero sus resultados quedan lejos de los objetivos iniciales. Siria y Líbano no asistieron en protesta por la presencia de Peres. Cuando éste hablaba, los árabes se salían de la sala. La idea central era reactivar el proceso que se inició en Barcelona en 1995 de cooperación euromediterránea, entre un Norte y un Sur al que separan diferencias de rentas de 1 a 15. Desde 1995, este proceso ha languidecido, por falta de iniciativa del Norte y por incapacidad del Sur. En su primera fase, de 1996 a 2000, los países terceros sólo hicieron uso de poco más de una cuarta parte del total de ayudas disponibles.

El plan de acción aprobado en Valencia se puede quedar en papel mojado si no se traduce en medidas concretas. Aboga por la creación del libre comercio para 2010 entre los Quince y los 12 mediterráneos, lo que requeriría una reforma en profundidad de la Política Agrícola Común. La creación de una Asamblea Parlamentaria entraña el riesgo de dar legitimidad democrática a regímenes autoritarios. Por vez primera incluye la cooperación policial y judicial para el control de la inmigración ilegal, o la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, pero algunas declaraciones políticas no permiten abrigar grandes esperanzas en este terreno.