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El Gobierno prepara una ley vasca de FP más flexible que la estatal

El Ejecutivo incentivará a los empresarios que contraten alumnos en prácticas

El Gobierno elaborará un proyecto de ley de Formación Profesional (FP) para cubrir los 'vacíos' que, en opinión del Departamento de Educación, tiene la norma aprobada el jueves por el Congreso. El objetivo del Ejecutivo autónomo es garantizar el desarrollo del Plan Vasco de FP, una reforma de 1997 que solventó el desajuste entre la preparación de los estudiantes y las necesidades del mercado laboral. Según el viceconsejero de FP, Jorge Arévalo, la Ley de FP estatal no recoge algunos de los planteamientos puestos en marcha por ese plan en el País Vasco.

Entre las principales lagunas de la norma estatal detectadas por el Gobierno vasco destacan que sólo reconoce títulos de FP reglada (la que se imparte en los institutos de secundaria) y certificados de profesionalidad expedidos por Trabajo, pero no los aprendizajes formales (aquellos que realizan los trabajadores sin ninguna cualificación), de los que tan sólo asegura que se regularán. Además, deja de lado los catálogos de cualificaciones, es decir, los distintos empleos identificados como tales, elaborados por las diferentes autonomías. Otro déficit es el distanciamiento que se refleja entre la FP y la industria, sin contemplar ningún tipo de incentivo para que los empresarios se animen a potenciar que los estudiantes hagan prácticas. 'El modelo español es muy rígido. Hay que dar una formación al trabajador muy cercana a él. Si es preciso, hay que diseñarle un itinerario formativo personal', resume el viceconsejero.

Momento dulce

La mayor oferta educativa y el creciente interés de las empresas hacia los estudiantes de FP ha favorecido que ésta viva un momento dulce en la comunidad autónoma. Los datos de matriculación del curso 2001-2002 permiten asegurar que tanto los padres como los estudiantes han recuperado la confianza en la FP y que incluso se han convertido en unos estudios con prestigio social. El 45% de los alumnos que acaban la enseñanza obligatoria, es decir, uno de cada dos aproximadamente, escoge la formación profesional como primera opción para continuar sus estudios, frente al 37% del resto de España. Sin embargo, las cifras vascas aún quedan lejos de las de países como Alemania o Francia, que alcanzan el 72% y el 64% respectivamente. Para Arévalo, la Ley aprobada en el Congreso con el único apoyo del PP y de Coalición Canaria, es 'decepcionante' y está 'anclada en el pasado''. 'La gestión cada vez tiene que ser más ágil, eficaz y cercana al ciudadano. Se trata de adecuar las necesidades de los sectores productivos a la formación, pero lo cierto es que el Estado ha perdido una oportunidad de oro de hacer una Ley de FP que perdure hasta el año 2010', asegura. Todo lo contrario que la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), aprobada en 1990, y que con relación a la FP resultó muy innovadora porque permitió redactar el Plan Vasco de Formación Profesional y ajustar la educación a las necesidades que tienen las empresas.

La decidida apuesta de Educación por la FP, que para esta legislatura incluso ha creado una viceconsejería para esta rama, explica su interés por sacar una ley propia adelante. La estatal habla de la FP, según Arévalo, pero apenas regula la ocupacional (destinada a la preparación de los parados) ni la continua (dedicada al reciclaje de los trabajadores a los largo de su vida profesional).

La flexibilización del sistema es una de las principales reivindicaciones del departamento. En la actualidad, existen los títulos de la FP reglada y los certificados de profesionalidad. Para el viceconsejero el sistema de títulos y certificados es muy rígido porque exige el cumplimiento de una serie de requisitos para acceder a ellos, como en algunos casos tener el bachillerato terminado. 'Es el momento', señala, 'de habilitar una tercera pata, de no exigir titulaciones a todos, sino los mínimos necesarios. Se exigen determinados estudios a los trabajadores para que puedan reciclarse. ¿Cómo vamos a conseguir que los miles de ciudadanos que no acceden a la formación puedan hacerlo si tienen que acreditar unos estudios o un título previamente?', se pregunta.

Sobre el papel que juegan las comunidades autónomas a la hora de elaborar el catálogo de cualificaciones también se muestra pesaroso. 'La Ley estatal no ha dado cabida a las comunidades. Será el Gobierno central quien defina todas las cualificaciones necesarias en España, pero hay institutos autonómicos en Euskadi, Galicia y Baleares que ya han elaborado sus cualificaciones'.

La falta de apoyo económico a los empresarios para que potencien la FP contratando a alumnos en prácticas es otro motivo de queja para el departamento. 'Esperábamos que la ley estatal plasmara algún tipo de incentivo fiscal. Pero no ha sido así'. Arévalo adelantó que el Gobierno vasco buscará ayudas e incentivos económicos para que las empresas colaboren, para lo que hablarán con las diputaciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 22 de abril de 2002