El Gobierno siembra el campo de incertidumbre

Los trabajadores del campo andaluz, que acumulan tasas de paro cercanas al 40%, están acostumbrados a adaptarse a situaciones cambiantes, a épocas en las que no paran de doblar la espalda y a otras en las que las sequías o las inundaciones los dejan cruzados de brazos meses enteros. Pero la 'reordenación' del subsidio agrario que ha propuesto el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, a sindicatos y patronal ha llenado de incertidumbre a los jornaleros.

Los representantes sindicales ya ha anunciado que rechazarán la reforma aunque aún no tienen claro algunos puntos esenciales. Porque en la propuesta del Ministerio de Trabajo tan importante es lo que está en el documento como lo que no está en él. En la reforma está la limitación del derecho al subsidio agrario (330 euros mensuales durante un máximo de seis meses) a los trabajadores que lo han venido cobrando hasta ahora. Es decir, ningún nuevo trabajador podrá incorporarse al subsidio, algo que según los sindicatos afectará sobre todo a jóvenes y mujeres, los colectivos con mayores problemas para incorporarse al mercado laboral. De hecho, la estructura de los perceptores del subsidio agrario refleja un cambio notable: en 1984, cuando empezó, la inmensa mayoría eran hombres, el año pasado más de la mitad eran ya mujeres. En estos 18 años, el número de perceptores se ha mantenido alredededor de los 230.000 (200.000 en Andalucía, 30.000 en Extremadura).

Sistema inaplicable

El documento también dice que los excluidos del subsidio cotizarán en un sistema contributivo que como está definido ahora, los sindicatos consideran inaplicable. Trabajo plantea que los jornaleros coticen un mínimo de 360 días para tener derecho a tres meses de paro (el 70% del salario). Pero los sindicatos recuerdan que en el campo muchos no pasan de los 60 jornales anuales, por lo que tardarían años en llegar al mínimo (con el subsidio agrario sólo se necesitan 35 peonadas) y que en el sistema contributivo aplicado al resto de sectores con 360 días se tiene derecho a cuatro meses de paro.

El ministerio también obligará a cualquier jornalero a aceptar un trabajo fuera de su localidad si el alojamiento ofrecido es 'apropiado', algo que tendrá que decidir el Inem, aunque el documento no especifica qué criterios seguirán. Y, sobre todo, lo que no dice el documento es qué pasará con los 120 millones de euros con los que el Gobierno dota cada año al Plan de Empleo Rural en Andalucía. Un dinero que depende en gran medida de la pervivencia del subsidio agrario (las obras del plan están diseñadas para garantizar peonadas a los jornaleros). La reforma del ministerio significa la desaparición paulatina del subisidio agrario; lo que no ha aclarado el Gobierno es si eso llevará también a la eliminación del PER, una vía de financiación insustituible en los pueblos menos favorecidos.