'Gran Vía' de peaje
Con todo el bombo propio de las grandes ocasiones, se nos ha anunciado la construcción, en el plazo de unos pocos años, de una nueva gran obra de ingeniería que han bautizado como Supersur, y que servirá para descongestionar la ya saturada autopista A-8 a su paso por la capital vizcaína. Algo similar se anunciaba hace unos meses, cuando se presentó el proyecto de construir un nuevo cinturón de San Sebastián -también por el sur, pues al norte sólo tenemos mar- con el que aliviar el tráfico en la conocida como variante donostiarra. Y, como cada vez que se nos anuncia la construcción de una nueva autopista o autovía, sale de nuevo a relucir la discusión sobre el peaje de la A-8.
En otros tiempos, esta autopista era considerada por los donostiarras como la vía de acceso a la zona industrial de la ciudad, y por los bilbainos como la calle que les acercaba a su zona residencial y de esparcimiento, si bien estas cosas eran propias de las épocas anteriores al Guggenheim y a la remodelación urbana sufrida por la capital vizcaína. Pero más allá de las chanzas, la A-8 ha acabado siendo como nuestra Gran Vía interprovincial, característica que no ha perdido pese a los importantes flujos creados hacia Vitoria, desde que ésta abandonó su leyenda de ciudad de curas y militares para transformarse en la moderna y flamante capital de Euskadi, acogiendo diariamente un rosario de funcionarios que llegan y vuelven a marchar desde todos los puntos del país.
Con el peaje de la A-8 los residentes en algunas comarcas pagarán a las arcas públicas bastante más que otros
El caso es que, una vez transcurridos treinta años desde la inauguración del último tramo de la A-8 y cuando, a punto de finalizar la concesión a la empresa que la explota, muchos esperaban jubilosamente el comienzo de una nueva era sin peajes, ahora se nos anuncia que va a mantenerse un canon que, aunque rebajará el precio por su uso, seguirá haciendo que nuestra Gran Vía sea de pago.
Malas noticias para los sufridos contribuyentes que llevan treinta años apoquinando y que, de no remediarlo alguien, tendrán que seguir haciéndolo. Por ejemplo, un ciudadano de Durango que trabaja en Bilbao, o uno de Zumaia que curra en Donosti, habrá desembolsado a lo largo de su vida laboral la respetable cifra de 4 millones de pesetas -de las de hoy- por circular por nuestra Gran Vía. Y ahora le dicen que debe seguir pagando para financiar las nuevas autopistas. Cuando protesta por lo que considera una injusticia le contestan que no, que se trata de un malentendido, y que en realidad le van a seguir cobrando sólo para sufragar los gastos de mantenimiento de la vía que utiliza. Y cuando, más cabreado aún, sigue protestando, le espetan que no le han explicado bien las cosas y que el canon sólo tendrá como misión regular el tráfico y evitar que la autopista se sature. Finalmente, aturdido y perplejo, escucha de labios del diputado vizcaíno de Obras Públicas la explicación definitiva: 'Cuando se pone un canon en una autopista, es para siempre'.
Al ciudadano, que paga religiosamente sus impuestos, se le queda cara de tonto mientras piensa en la suerte de los que viven en Castro Urdiales o en Pamplona y no tienen que pagar nada por llegar a trabajar a Bilbao o a Donosti por autopista. ¿Será que ellos no deben contribuir a las nuevas obras? ¿Será tal vez que esas autopistas no tienen costes de mantenimiento? ¿O acaso ocurrirá que en ellas no hay que regular los tráficos? El pobre ciudadano opta por no seguir preguntando y, resignado, comienza a hacer cuentas sobre la pasta que tendrá que aflojar en los próximos años.
El caso es que nuestra Gran Vía seguirá siendo de pago porque así lo acordarán nuestras diputaciones, que contarán para ello con la aprobación de las Juntas Generales. Así las cosas, los ciudadanos de algunas comarcas del País Vasco contribuirán anualmente a las arcas públicas con bastantes miles de pesetas más que otros, por utilizar servicios similares. Y, lo que es peor, se encontrarán sin que los junteros de su zona les defiendan, pues estas cosas las deciden las cúpulas de los partidos y a las Juntas se acude para votar y cobrar.
Visto lo visto, sería más práctico que para las próximas elecciones forales se supriman las actuales circunscripciones comarcales y se adopte una única por provincia, con menos representantes. Así podríamos los ciudadanos ahorrarnos un dinerillo con el que contribuir a sufragar las nuevas autopistas.
