Los parados no podrán rechazar un empleo a menos de 50 kilómetros de su casa

La reforma de la protección por desempleo, que el Gobierno presentó ayer a los agentes sociales, considera adecuada prácticamente cualquier oferta de trabajo que haga el Inem a los parados. Eso incluye las que disten hasta 50 kilómetros del domicilio, las que requieran tres horas de desplazamiento y un gasto hasta del 20% del salario, con contratos temporales o a tiempo parcial, con salario inferior a la prestación, y en cualquier profesión que se ajuste a las aptitudes del trabajador. El primer rechazo conllevará la reducción de la prestación en tres meses, y el tercero, la pérdida del derecho.

El documento entregado ayer por el Ministerio de Trabajo a la patronal y a los sindicatos precisa las exigencias que se impondrán a los desempleados para que puedan mantener sus prestaciones. Asimismo, prevé la desaparición paulatina de la prestación del PER en Andalucía y Extremadura y la eliminación de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes (salarios correspondientes al periodo en que el trabajador aguarda a que la justicia decida sobre el despido y que hasta ahora la empresa abona a posteriori).

Un paquete de medidas que, para UGT y CC OO, 'confirman las peores sospechas que teníamos'. Sus dirigentes aseguraron ayer tajantemente: 'No vamos a negociar a quiénes quitamos derechos o a cuántos trabajadores dejamos sin salario de tramitación', según palabras de Fernando Puig (CC OO), avaladas por Antonio Ferrer (UGT). Ambos ratificaron que si la reforma sigue adelante en esos términos 'habrá una respuesta contundente y unitaria'.

Un concepto flexible

El texto del Gobierno recoge un amplio concepto de 'empleo adecuado' que han de aceptar los parados. 'Transcurrido un periodo de tiempo desde el inicio de la prestación' aún por fijar, el servicio público considerará adecuada la colocación aunque el salario sea inferior a la prestación que esté cobrando el parado; con contratos fijos, temporales y de todo tipo; si existe alojamiento apropiado en el lugar que se encuentre el puesto de trabajo; los situados en un radio inferior a 50 kilómetros de la localidad de residencia; los que requieran hasta tres horas de desplazamiento; y en cualquier puesto que el Inem estime ajustado a las aptitudes del parado'.

Esas condiciones de qué es un empleo adecuado se aplicarán también a los jornaleros del PER de Andalucía y Extremadura, que tendrán que trabajar en las campañas de recolección, incluidas las que conlleven desplazamientos de residencia temporal.

Además, el PER agrario irá desapareciendo paulatinamente. Seguirán los actuales beneficiarios que haya tenido esa prestación en los tres años anteriores y no habrá nuevas incorporaciones. Los jornaleros de Andalucía y Extremadura que queden excluidos tendrán la opción de incorporarse a un nuevo sistema para toda España de carácter contributivo, con cotización obligatoria según las jornadas reales y las prestaciones tendrán una escala de un día de cobertura por cada cuatro días de ocupación cotizada. Para tener derecho a esa prestación, al igual que el resto de trabajadores, se exigirá reunir un año de cotizaciones en un periodo de seis años.

Los sindicatos consideran que las medidas del Gobierno no están justificadas cuando el Inem tiene un superávit de 3.000 millones de euros. Estos cambios, según las centrales, van a impedir que los eventuales del campo accedan a la cobertura y generarán una pérdida de prestación para varios colectivos y un abaratamiento indirecto del despido mediante una transferencia de renta a los empresarios con la eliminación de los salarios de tramitación. Según datos de CC OO, el año pasado tuvieron un coste de 80.000 millones de pesetas.

Ese recorte de derechos y de prestaciones fue negado por el secretario general de Empleo, Juan Chozas, quien califica la reforma como una serie de 'medidas para ayudar a los parados a encontrar empleo'.

La patronal CEOE detecta una ausencia 'esencial' en la reforma. Según su secretario general, Juan Jiménez Aguilar, el tema central es debatir la estructura financiera del sistema de paro y establecer qué prestaciones son contributivas, por tanto sostenidas con cotizaciones, y cuáles son asistenciales. Para CEOE no está justificado que en los últimos cinco años el paro se haya reducido en 750.000 personas y las cotizaciones hayan subido 1,25 puntos en los contratos fijos, 2 en los temporales y 3 en las empresas de trabajo temporal. La reunión de ayer entre los agentes sociales y Trabajo tendrá continuación en una semana o diez días.