La insoportable levedad del PER

Otro calentamiento de cascos en la mullida soledad de un despacho, imaginando la perfección: castigamos a los votantes rurales del PSOE, obligándoles a ir a trabajar donde se les mande; frenamos definitivamente la transferencia de las políticas de empleo, hasta ver cómo se monta la nueva 'formación en el medio rural andaluz' (Teo dixit); eliminamos a los inmigrantes, porque ya no harán falta en las tareas agrícolas (de paso castigamos también a Mohamed VI); y provocamos un orgasmo colectivo en los nuestros, los señoritos de toda la vida, que seguirán embolsándose a manos llenas las subvenciones europeas al latifundio, vivir para ver. (Con razón dijo Antonio Romero, hace como un año, que aquí 'la única que ha convergido hacia Europa es la Duquesa de Alba'). Carambola maestra.

Parecen dispuestos a no seguir aprendiendo. Lo han demostrado con creces en la LOU, en la Ley de (presunta) Calidad de la Enseñanza, ahora también en la reforma de la de partidos políticos... Y lo malo es que les falta la razón, pero no los votos. Primer punto débil del PER: quien tiene el poder democrático para quitarlo, lo hará, salvo que se tope con una contestación social como la que él mismo se busca. Pero el segundo punto débil es que apenas se sostiene, jurídicamente hablando, en un compromiso político que data ya de 1984, y que el propio PSOE contempla la conveniencia de modificar, en sus documentos de la segunda modernización: 'Es necesario abordar la reforma de los instrumentos de protección del empleo agrario'. Eso sí, desde el consenso. Pues no hay asunto más delicado que éste en la política andaluza. No lo entiende así el PP, cada día más a gusto en su papel de llanero solitario. Allá ellos.

Pero por si todavía no están demasiado ofuscados, convendrá recordarles algunas cosas: esa tan débil protección del medio rural andaluz y extremeño, que ellos pueden derribar de un plumazo, si les place, descansa sobre un pacto social mucho más profundo, que arraiga en la transición política y que, por eso, debería ser materia sagrada para todos: el PER no es más que el centro neurálgico de un conjunto de normas cuyo objetivo principal es regular un laborioso sistema de redistribución de la renta, a cuenta de la reforma agraria que nunca se hizo. Es decir, la paz social en un medio tan caliente como el campo andaluz. Cualquier reforma obligaría hoy a tomar otras medidas complementarias, que me temo no serían ya del gusto de los señores de la tierra: modular las subvenciones europeas, sobre la base probada de que las extensiones demasiado grandes (que se chupan el 20% de las ayudas) son incontrolables para Bruselas y, por el contrario, las pequeñas producen el triple de mano de obra. (Fernando Moraleda, EL PAÍS, 13 de Abril). Pero también obligará a los señores a pagar mucho más al régimen general de la Seguridad Social, a no sembrar cultivos fáciles, como el girasol (que nadie recoge, pero sí que ingresa suculentas subvenciones), etcétera. No creo que ni Chaves ni Ibarra le hicieran ascos a una negociación sobre esas bases. ¿Pero es eso lo que quiere el PP?