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Los chequeos por el Lipobay llevan 6 meses de retraso

El 25 de septiembre pasado, el Congreso aprobó por unanimidad que se estableciera 'un programa de seguimiento exhaustivo' de los pacientes que tomaban cerivastatina (el principio activo del Lipobay) para controlar su colesterol. Su objetivo era tranquilizar e informar a los 200.000 consumidores del medicamento sobre su estado de salud y los posibles riesgos que corrían, según un portavoz del PSOE, el grupo impulsor de la propuesta. 'Pero parece que no se ha hecho nada', de acuerdo con las mismas fuentes.

La presidenta de la Asociación el Defensor del Paciente (Adepa), Carmen Flores, fue ayer más tajante: 'No ha habido pruebas', y además 'el Ministerio [de Sanidad] desconoce que tiene que hacer la revisión', afirmó.

En cambio, fuentes del ministerio indicaron que seis meses después de haber retirado el medicamento ya no esperaban encontrar efectos adversos. Respecto al programa de revisión, aseguraron que la responsabilidad era de las comunidades autónomas. Pero, sobre todo, desde el Ministerio de Sanidad quisieron tranquilizar a los consumidores. 'Los enfermos que tomaban Lipobay ya han dejado de tomarlo. Además, se trata de enfermos crónicos, que están sometidos a controles continuos. Si sus médicos hubieran detectado algún problema, ya les hubieran mandado las pruebas oportunas', comentaron.

No lo ven así ni los representantes socialistas ni la presidenta de Adepa: 'Cuando se habla de un programa de seguimiento exhaustivo, se esperan medidas concretas, planes y programas de revisión que no sean la visita rutinaria al médico de cabecera'. Flores indicó que en la sesión parlamentaria en que se aprobó la medida se habló incluso de establecer 'centros de referencia' donde medir la pérdida muscular (la rabdomiólisis) de los posibles afectados. En Madrid, este centro sería el hospital Clínico, señaló.

Tampoco parece que los representantes de 35 de los afectados (cinco de ellos fallecidos) estén teniendo suerte con las denuncias que interpusieron por negligencia y atentado contra la salud pública. Desde el 24 de noviembre pasado su caso ha pasado del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid al número 3 de la Audiencia Nacional; de ahí volvió al juzgado de Madrid, y éste las ha remitido al ministerio fiscal. 'Nadie se atreve con el caso', comentó Flores.

Mientras tanto, Adepa ha anunciado que va a pedir una reclamación patrimonial a Sanidad que asegure que los afectados reciban una indemnización sin que se vean obligados a recurrir a los tribunales, algo que muchos de ellos 'no pueden permitirse económicamente'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de abril de 2002