Una agencia central coordinará la información sanitaria autonómica

'Los que más se comparan son los que mejoran'. Con esta frase explica el director general del Insalud, Josep Maria Bonet, la utilidad de la Agencia de Gestión y Evaluación de la Información que el Ministerio de Sanidad prevé incluir en la futura ley que coordinará a las 17 comunidades autónomas. Sanidad quiere que esta ley llegue a las Cortes 'con el máximo consenso' antes de fin de mes.

Bonet insistió en la necesidad que van a tener las comunidades autónomas en coordinarse después de las transferencias, lo que implica compartir información. 'Los demás actores con los que deberán tratar (sindicatos, proveedores, laboratorios) tienen estructuras federales, nacionales o multinacionales', por lo que será más efectivo que traten con un portavoz conjunto, o que, por lo menos, cada uno de los interlocutores autonómicos sepa lo que hacen los demás, afirmó.

Los primeros impulsos para compartir información serán la gestión del fondo de cohesión, con el que se pagarán los gastos de los enfermos atendidos fuera de su comunidad, y la gestión de las tarjetas sanitarias, opinó Bonet.

Además de estos aspectos, el director del Insalud señaló que las listas de espera y los tiempos de demora deberán ser públicos y compartidos. En este caso, además, existe un lógico interés de los usuarios por conocerlos.

Bonet afirmó que la agencia 'no debería servir como arma política, sino para ayudar a cada servicio autonómico a saber cuál es su posición relativa'. 'En esto no hay buenos o malos; hay sistemas de mejora que pueden compartirse y, si hace falta, copiarse', declaró.

Otros datos que se compartirán serán el conjunto mínimo básico de datos de hospitales, y los grupos relacionados por diagnóstico que hasta ahora mantiene el Insalud, los recursos humanos, rendimiento, productividad, servicios de atención primaria y dotación tecnológica.

Además, la Agencia debe servir para la explotación de la información: hacer proyecciones, participar en proyectos internacionales y medir servicios y calidad. 'No puede ser que la OCDE tenga información completa sobre la estructura sanitaria de los países, y en España no la haya de las comunidades autónomas', comentó Bonet.

El convencimiento de Bonet de que las mismas comunidades pedirán que exista una agencia de evaluación no está tan claro en algunos dirigentes autonómicos, que temen que suponga un recorte de sus competencias.

'La Agencia de Evaluación puede serlo todo, pero también no ser nada', ha manifestado un portavoz de la Consejería de Salud de Andalucía. La Junta andaluza está más a favor de crear una 'red de agencias', que una Agencia de Evaluación única estatal, informa Joaquín Mayordomo. Para los responsables de la sanidad andaluza sería 'suficiente' una 'mesa estatal', desde la que se coordinasen y abordasen temas puntuales. No obstante, 'queremos ser prudentes', aseguran, y esperar a saber cuál va a ser el papel del Ministerio de Sanidad o cómo va a quedar el Consejo Interterritorial.

El consejero de Sanidad, Eduard Rius, explica sin embargo que es partidario de crear un organismo que centralice los indicadores sanitarios, tanto para centralizar y compartir la información, como para aportar datos globales a los organismos internacionales', informa Clara Blanchar. Rius cree que las comunidades autónomas estén presentes en el consejo de gobierno del nuevo organismo. 'Si no es participativo, corremos el riesgo de que se entienda como una institución que fiscalice o establezca comparaciones entre unas comunidades y otras', agregó.

Por su parte, el consejero de Salud de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, ha declarado, tras la firma de un acuerdo con Madrid, Extremadura y Castilla y León para la atención de pacientes fuera de la comunidad, que era necesario compartir información y que las tarjetas sanitarias debían ser compatibles en todos los sistemas. En cambio, Lamata manifestó que el fondo de desplazados no debería incluirse en la ley de cohesión, sino que debería ser gestionado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las cuatro comunidades se unirán para negociar el fondo con Sanidad. Este aspecto es de especial relevancia para la región castellano-manchega, ya que 50.000 enfermos de esta comunidad reciben tratamiento fuera de su comunidad, sobre todo en Madrid.