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El PNV retirará en breve el expediente de expulsión a sus siete ediles de Amorebieta

El PNV retirará en breve el expediente de expulsión que abrió a sus siete ediles en Amorebieta, incluida la alcaldesa, Begoña Azarloza, por la polémica sobre la central energética de Boroa. Esta medida era previsible desde enero, cuando la alcaldesa decidió anular la consulta popular sobre esa infraestructura promovida por el grupo municipal peneuvista en contra de los criterios de su partido.

El presidente del PNV vizcaíno, Iñigo Urkullu, anunció ayer que el Euskadi Buru Batzar, la dirección nacional del partido, órgano que tramitó el expediente disciplinario, 'ha comunicado al tribunal nacional' su voluntad de retirarlo. La petición de expulsión se realizó en noviembre, al día siguiente de que el consistorio aprobase sólo con los votos del PNV la convocatoria de una encuesta de opinión sobre la central energética que promueve la empresa irlandesa ESB.

Urkullu dijo ayer en una entrevista con Radio Euskadi que, 'aunque hubo momentos lamentables', una vez llegado a un 'punto cero', el EBB considera que se debe 'reconducir' la situación de los siete expedientados. 'Son personas con una militancia fuera de toda duda en el PNV, con una gestión en el Ayuntamiento de Amorebieta altamente valorada por la ciudadanía'. A su juicio, es 'obligado restituir, en lo que sea posible, el honor de estas personas'.

La consulta del domingo

Ayer se sucedieron las aclaraciones ante la celebración, el próximo domingo, de la consulta popular sobre el proyecto promovida por la plataforma ciudadana Zornotza Bizirik. El PNV de Amorebieta -cuya organización votó en contra de la central el verano pasado, pero acató luego la decisión de apoyar el proyecto impuesta por el EBB- afirmó que el consistorio debe conceder las licencias municipales a la planta, los últimos permisos pendientes para que comience su construcción. Hace dos semanas, el Ayuntamiento emitió un informe favorable a la licencia de actividad.

El grupo peneuvista dijo que la corporación 'debe velar por el cumplimiento de la legalidad vigente'. Por ello, sostuvo que si la empresa cumple los requisitos urbanísticos y medioambientales 'no existirían fundamentos técnicos que impidieran su instalación, por lo que cualquier iniciativa en sentido contrario no tendría validez legal alguna'.

Batasuna llamó a los vecinos a participar en el referéndum y pidió que su resultado sea vinculante. Cerca de 13.000 vecinos están llamados a las votaciones, para las que se han dispuesto 17 mesas electorales. Zornotza Bizirik, que ha establecido un horario para votar entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde, censuró ayer que el consistorio le ha cobrado cerca de 1.000 euros por el alquiler y fianza de los locales donde se celebrará la consulta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de abril de 2002