Arbitraje obligatorio

La huelga del transporte de viajeros interurbanos de Madrid, que ayer cumplió su octava jornada, viene afectando directamente a unos 900.000 vecinos de localidades de la periferia de la capital, e indirectamente, a muchas personas más, incluyendo los cientos de miles de automovilistas atrapados en el colapso permanente provocado por el conflicto. El carácter desproporcionado del efecto respecto a la causa que lo motiva es uno de los argumentos principales en favor de la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de recurrir a un arbitraje obligatorio.

Los huelguistas tienen razones para reivindicar mejoras sustanciales en el convenio, que afecta a los empleados de las empresas privadas adjudicatarias de ese servicio público: no sólo los bajos salarios, a juicio de los sindicatos, sino las jornadas demasiado largas, lo que es particularmente preocupante en una actividad que afecta a la seguridad de muchas personas. Pero los abusos cometidos por los huelguistas, que en algunos casos han empleado recursos tan vandálicos como el apedreamiento de autobuses escolares con niños, justifican el recurso extremo a un laudo obligatorio. Los argumentos de la Comunidad de Madrid para recurrir a esa vía son el carácter indefinido de la huelga, el incumplimiento de servicios mínimos, el nulo avance en la negociación y la gravedad del perjuicio a la sociedad y a los derechos de los ciudadanos. A ello podría añadirse que muchos de los afectados carecen de medios alternativos de transporte.

Son motivos que justifican la decisión. El derecho de huelga aplicado a servicios públicos implica ciertos contrapesos, el principal de los cuales es la obligatoriedad de los servicios mínimos. Si se rompe ese equilibrio se está desnaturalizando la esencia del derecho de huelga. El arbitraje obligatorio es una fórmula excepcional que pone en manos de una persona experta en la materia en discusión la posibilidad de zanjarla con una resolución de obligado cumplimiento para las partes. La última huelga resuelta por esa vía fue, hace un año, la de los pilotos de Iberia.

Las características del conflicto actual, en el que el problema de la seguridad es fundamental, hacen verosímil pensar en un laudo que resulte más equilibrado en sus contenidos, pero también más favorable a los trabajadores, que una negociación con la patronal. Por ello, oponerse al arbitraje no sería inteligente por parte de los sindicatos: transmitiría la imagen de que temen más ser desautorizados que un resultado desfavorable para sus reivindicaciones.