Nace el tribunal global

El primer tribunal permanente para juzgar crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y agresión nació ayer en Nueva York, cuando se anunció que 66 Estados habían depositado en la ONU las ratificaciones -seis más de las necesarias- para que entrara en vigor el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), firmado en julio de 1998. Es el paso más importante hacia una justicia global desde la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su existencia será decisiva en la lucha contra la impunidad en un tipo de crímenes que cobraron especial virulencia en el siglo XX.

Pero la CPI nace coja: China o India -los dos países más poblados- o la mayoría del mundo árabe no son parte de la misma. EE UU, cuyo anterior presidente firmó el estatuto, se dispone ahora a deshacer la firma y, lo que sería aún peor, podría aprobar una ley de protección de sus Fuerzas Armadas en el extranjero para asegurar que no caigan bajo la férula del nuevo tribunal que se creará en La Haya. De dar tal paso, perdería legitimidad ante el resto del planeta.

El tratado no tendrá carácter retroactivo, pero los crímenes cometidos a partir del próximo 1º de julio podrán llevarse ante este tribunal, que debería ser operativo dentro de un año. La CPI sólo abordará situaciones por mandato del Consejo de Seguridad, o por iniciativa del fiscal, en caso de que los tribunales del Estado parte no sean capaces de juzgar un caso que afecte a uno de sus ciudadanos o un crimen cometido en su territorio. No invalida que las leyes nacionales contemplen una jurisdicción universal.

La UE ha desempeñado, como le corresponde, un papel impulsor del proyecto. El apoyo de países africanos y latinoamericanos indica que la CPI no se puede considerar un tribunal del Norte contra el Sur. Tras los ensayos ya lejanos de los juicios de Núremberg y Tokio, y los tribunales ad hoc para juzgar los crímenes cometidos en Ruanda y la antigua Yugoslavia -con el que las autoridades de Belgrado se muestran dispuestas a colaborar más, con una nueva ley de extradiciones aprobada ayer-, la CPI será el primero con carácter permanente, y marca un hito en la defensa del derecho humanitario.

A diferencia del Tribunal Internacional de Justicia, con sede también en La Haya, la CPI no resolverá conflictos entre Estados, sino crímenes cometidos por personas: una justicia transnacional o global más que internacional. Lo logrado no debe hacer cejar en los esfuerzos para convencer a los países que hasta ahora no lo han hecho a sumarse a este proyecto y hacerlo universal. El éxito de esta institución supranacional dependerá tanto de los casos que juzgue como de su capacidad de disuasión para cometer atrocidades.