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El Senado inicia el debate sobre la prostitución y su posible regulación

Presidida por la senadora del PP Cristina Klimowitz, la Comisión de Prostitución del Senado, formada el 21 de marzo pasado, celebró ayer su primera reunión para estudiar las fórmulas que permitan un debate parlamentario sobre la prostitución en España. Se trata de la primera iniciativa emprendida sobre el particular desde la creación de las Cortes democráticas en 1977. 'Pretendemos un acercamiento serio a la cuestión, sin dejarnos llevar por la doble moral y los prejuicios, para crear una opinión pública basada en el conocimiento real de esta actividad', afirmó ayer Klimowitz.

La comisión, con representación de todos los partidos, trabajará en tres áreas, sin conocer todavía el tiempo que durará el proceso. Tampoco puede adelantar si la salida final será instar al Gobierno a que 'legisle en toda regla, interpretándola como una actividad laboral legítima', señala la senadora popular. En una primera fase, la comisión recopilará documentación y elaborará estudios comparativos de las leyes holandesa, alemana y sueca, las tres, en aplicación.

Posteriormente, miembros de la comisión se desplazarán a estos tres países para conocer in situ el resultado del funcionamiento de sus leyes y, finalmente, celebrarán entrevistas con especialistas sanitarios, sociólogos, representantes de asociaciones de prostitutas, movimientos feministas y ONG dedicadas a la inserción de las mujeres públicas.

Una actividad en auge

En España, el ejercicio de la prostitución es tan conocido como alegal. 'El debate está presente', apunta Klimowitz, 'pero la opinión pública no conoce a fondo cómo trabaja este colectivo. Se tiende a pensar que está compuesto por mujeres que hacen la calle, cuando se trata de una actividad en transformación y en auge donde la prostitución callejera sólo representa el 20% , y no sólo incumbe a mujeres, también hay transexuales, aunque representen una minoría del 12%'.

El resto del activo, el no callejero, se reparte en burdeles, casas y clubes privados, algunos lugares de masajes y saunas, redes que facilitan personas de compañía, líneas telefónicas y contactos por Internet. Datos del Instituto de la Mujer cifran en 300.000 las prostitutas en España, lo que genera, según la senadora Klimowitz, un movimiento de más de 12.000 millones de euros (dos billones de pesetas) al año.

La opinión española sobre la prostitución se divide en dos posturas principales: la abolicionista, que la considera indigna e impulsora de la violencia; y la reglamentarista, que entiende que esta actividad interesa a la salud pública. 'Esta última postura', explica Klimowitz, ' aboga por un reconocimiento jurídico que dé una cobertura social, con sus derechos y deberes, y frene la masiva entrada ilegal de mujeres, víctimas de la violencia y los abusos de las redes del crimen organizado'. 'Kofi Annan', añade la senadora, 'dijo que se trata de una nueva forma de esclavitud de la mujer en el siglo XXI'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de abril de 2002