El Tribunal Europeo revisa hoy el proceso abierto por Bruselas a los incentivos vascos

Las haciendas forales vascas se enfrentan hoy, de nuevo, ante el Tribunal de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, a la Comisión Europea. En julio de 1999 la Comisión abrió un proceso de infracción general contra los incentivos fiscales vascos a la inversión vigentes entre 1995 y 2000, que concluyó con una resolución adversa a las haciendas forales. Éstas, sin embargo, habían recurrido la apertura del expediente ante el Tribunal de Luxemburgo, que celebra hoy la vista oral del caso.

El recurso presentado por las haciendas vascas no paró el expediente, que se concluyó en julio de pasado año con una contundente declaración de ilegalidad de los incentivos investigados al ser considerados ayudas de Estado. Esta decisión fue también recurrida y se encuentra en el Tribunal en fase de instrucción.

Los incentivos fruto de la controversia entre las haciendas forales y el Ejecutivo comunitario son el crédito fiscal del 45% -que permitía recuperar mediante deducciones ese porcentaje de las nuevas inversiones que superaran los 2.500 millones de pesetas- y las llamadas minivacaciones fiscales, que preveían reducciones de la base imponible del Impuesto de Sociedades del 99%, 75%, 50% y 25% respectivamente los cuatro primeros años en que la empresa obtuviera beneficios. Estas normas fueron derogadas tras la paz fiscal firmada en enero de 2000 entre las administraciones central y vascas. Este pacto permitió la retirada de los recursos planteados por el Gobierno central contra normas fiscales vascas.

Pero su derogación no supuso ningún cambio de actitud de la Comisión Europea, quien consideró que siguen teniendo efectos para las empresas favorecidas. Las autoridades vascas saben la dificultad que tienen sus pretensiones, dada la sentencia emitida el pasado 6 de marzo por el Tribunal de Luxemburgo, que consideró ilegal los incentivos concedidos a la fabricante de electrodomésticos Demesa, filial de la coreana Daewoo, y Ramondín, firma que produce cápsulas para botellas de vino en Laguardia.

Recurso de casación

Al igual que la Comisión, el Tribunal señaló entonces que su decisión no cuestionaba la autonomía fiscal vasca, pero que dicha capacidad no dispensaba 'respecto de las disposiciones del Tratado en materias de ayudas de Estado'. Tanto el Gobierno vasco como las diputaciones forales y la patronal Confebask están dispuestas a mantener hasta el final que las ayudas son de carácter general. Así, si reciben un varapalo en primera instancia en Luxemburgo, recurrirán en casación ante el propio Tribunal. Se espera que los tres diputados de Hacienda vascos, Javier Urizarbarrena, de Vizcaya; Juan Antonio Zárate, de Álava; y Anton Marquett, de Guipúzcoa, acudan hoy a la vista oral.

La Comisión Europea ha exigido siempre que las empresas que se han beneficiado de los incentivos fiscales devuelvan el dinero. Tal petición no se ha cumplido. De hecho, las diputaciones mantienen que los datos sobre sus contribuyentes son secretos y no los van a comunicar al Ejecutivo comunitario, tal y como este solicitó. La cifra de empresas que se podía haber acogido a los beneficios fiscales cuestionados podría superar las 150, según los datos manejados por las haciendas forales.