Cuentas secretas

Las cuentas secretas del BBVA presentan ángulos inquietantes que difícilmente podrán despejarse por la vía exclusiva de un expediente administrativo del Banco de España. De momento la Fiscalía Anticorrupción se ha interesado en el asunto y ha pedido al juez Garzón que lo incorpore a un sumario abierto hace dos años a una filial del banco en Jersey. La gravedad de los hechos ahora desvelados no admite paliativos: un banco domiciliado en España, sujeto a la supervisión del Banco de España, ha mantenido ocultas durante 14 años una serie de cuentas en los paraísos fiscales de Jersey, Islas del Canal y Liechtenstein. Durante todo ese tiempo se ocultó al banco central, a los accionistas, a las instituciones supervisoras -el propio Banco de España y la CNMV- y a Hacienda una parte de su patrimonio y de sus resultados hasta que los máximos ejecutivos decidieron aflorarlos contablemente en el ejercicio de 2000 como ingresos extraordinarios, por un valor de 37.343 millones de pesetas.

Los hechos alcanzan tal gravedad que la Fiscalía Anticorrupción ha urgido al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, a que los investigue, acumulándolos a las diligencias judiciales abiertas hace dos años sobre operaciones del BBVA en la propia Jersey y en Puerto Rico. Que el origen de una de esas cuentas fuera la adquisición en 1987 por el Banco de Vizcaya de acciones de la propia entidad o que el mantenimiento de la correspondiente autocartera buscara la defensa ante operaciones hostiles de toma de control del banco, no reduce en modo alguno la gravedad de esa prolongada ocultación. Está por determinar con el suficiente detalle cuáles han sido los destinos concretos de los rendimientos generados, incluso tras la decisión de liquidar la autocartera adoptada tras la fusión con el Banco de Bilbao. En primer lugar deben depurarse las responsabilidades de los gestores.

Según el Banco de España, el BBVA no ha aportado hasta el momento suficiente documentación sobre el destino de los fondos operados desde esas cuentas, aunque está acreditado que más de 1,5 millones de dólares se destinaron a financiar la campaña electoral de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1998. Nada convincente resulta la explicación ofrecida por Ybarra de que los fondos de pensiones asignados a 22 consejeros del antiguo BBV habrían servido para tomar posiciones con vistas a la compra del banco mexicano Bancomer.

El segundo motivo de inquietud nos remite a la hoy cuestionada diligencia y eficacia de los supervisores. La decisión de apertura del expediente por el Banco de España fue adoptada el pasado 15 de marzo, 14 meses después de que los entonces copresidentes del BBVA comunicaran al gobernador la existencia de esa estructura de cuentas en el exterior. Admitida por el propio banco la ocultación de estos fondos durante catorce años, el Banco de España señala serias lagunas en la documentación aportada, lo que resulta incompatible con las reiteradas declaraciones públicas de estos días respecto a su disposición a colaborar con la autoridad supervisora.

Tampoco los auditores han mostrado mayor diligencia a la hora de explicar en las cuentas de 2000 el origen de unos beneficios extraordinarios que superaban los 37.000 millones de pesetas. Estas demoras de los órganos de supervisión y auditoría, unidas a la ausencia de una comunicación simultánea a la CNMV (y a la SEC, dada la cotización del valor en Wall Street), forman parte del capítulo de explicaciones pendientes a accionistas y ciudadanos.

Y qué decir de los responsables de Hacienda, que acaban de anunciar la apertura de una investigación que a la luz de los datos conocidos debió abrirse también hace al menos 14 meses. Que los beneficios extraordinarios contabilizados en 2000 estuvieran sujetos al correspondiente gravamen no significa que no existan obligaciones fiscales pendientes asociadas a rendimientos anteriores. Todo ello, claro está, referido estrictamente a la fiscalidad del sujeto pasivo BBVA.

El ministro de Economía, Rodrigo Rato, se ha visto obligado a precisar que el escándalo 'no afecta al sistema financiero español ni al BBVA desde el punto de vista de su eficacia, solvencia y seriedad'. Habrá que atenerse a los hechos y lo mejor que pueden hacer las autoridades es contribuir a esclarecerlos. La credibilidad de las instituciones de control y la confianza en el banco -uno de los más importantes de Europa- y en el propio sistema bancario español deben preservarse por encima de las personas. Ello exige una clarificación total, con una plena identificación de las responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse de estos hechos.