Atentado contra Granada
CETARSA, la Compañía Española de Tabaco en Rama, ha anunciado a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participación Industrial, el cierre de la factoría de Granada proponiendo a los trabajadores que pasen durante dos años al paro (que pagaríamos todos) y un año de reciclaje y aprendizaje de no se sabe qué nuevo oficio para no se sabe qué nuevo empleo. La Comisión europea, a su vez, anunció bajo la actual presidencia española de Aznar, la supresión de las ayudas al cultivo de tabaco y, con tal motivo, el Comisario Fischler evitó mencionar cualquier tipo de garantía laboral, ocultó los datos del coste económico, social y presupuestario de la medida y no especificó ningún proyecto alternativo.
Así pues lo que acompaña a estos dos planes inmediatos de destrucción de empleo en Granada son sólo vaguedades y opacas perspectivas que ponen de manifiesto una increíble insensibilidad socioeconómica del Gobierno Aznar, aún mas grave si se tiene en cuenta que ambas medidas podrían evitarse porque no son necesarias:
CETARSA tiene beneficios (en la campaña 2000-2001 obtuvo un beneficio de 4,2 millones de Euros) y alguien me ha comentado que curiosamente las únicas pérdidas que ha tenido son los 150 millones de pesetas que ha invertido en GESCARTERA. Claro está que tratándose de un proceso de privatización, detras del cierre podrían esconderse ciertas 'mejoras de rentabilidad para algunos' consecuencia de la cantada especulación urbanístico-financiera a que puede dar lugar.
En lo que se refiere al anuncio, por parte de la Comisión Europea, de una posible supresión de las primas al cultivo de la hoja de tabaco crudo, todo parece indicar que se ha querido visualizar una especie de 'espada de Damocles', por lo que pueda venir ante la dificil estrategia negociadora que Fichler y el conjunto de la Comisión ha de afrontar de aquí al 2006. Nada menos que las negociaciones con la OMC (Organización Mundial del Comercio); las derivadas de la próxima ampliación de la UE a los países del este y centro de Europa (algunos de los cuales son productores de tabaco); y las correspondientes a la propia reforma de la PAC (Política Agraria Común). Todos estos importantes retos están sujetos a tácticas de negociación. El problema para nosotros es que en este tipo de negociaciones suelen caer los que están peor, si no tienen un poder que les ampare.
Tampoco cabe pensar que la supresión de las ayudas al cultivo responda seriamente a una necesidad derivada de la protección a la salud, pues resulta un tanto pueril suponer que la eliminación de la prima de este cultivo pueda incidir en una disminución del consumo, del tabaquismo, y llegar a mejorar la salud de los ciudadanos: la producción europea supone únicamente el 30% del tabaco que se consume dentro de su territorio, circunstancia que inducirá a que el vacío de mercado interior se vea automáticamente compensado por importaciones de las multinacionales que operan en el sector. Los Estados Unidos, China y la India dominan la producción en volumen; Brasil, Zimbabwe y Malawi, en el mercado internacional. La supresión del cultivo de tabaco no tendría efecto sobre el consumo, sino que aumentaría la importación de tabaco: la Unión Europea ya importa un 70% de su consumo de tabaco bruto (primer importador mundial). Así que la supresión de la ayuda ocasiona el cese del cultivo con un coste social muy elevado de empleos, pero no tiene repercusión directa en el consumo de tabaco. Los fumadores simplemente pasan a fumar tabaco de importación. Si realmente la Comisión Europea quisiera restringir el comercio de un producto malsano podría, quizá por la misma razón, cerrar las importaciones de cigarrillos americanos con el consiguiente perjuicio para algunas multinacionales; o podría suprimir las ayudas al whisky; o a la industria del automovil, dada la sangría de jovenes que mueren en las carreteras.
Detrás de este doble atentado a la economía de Granada sólo hay estrategias de beneficios para unos muy pocos, a costa de 1.867 empleos en una de las provincias mas pobres de España. (Resulta a este respecto significativo que la SEPI anuncie el cierre de su factoría de CETARSA de Granada, al día siguiente de que la Junta de Andalucía presentara su demanda contra las industrias tabaqueras, para compensar los gastos sanitarios hospitalarios derivados de las enfermedades que produce el tabaquismo).
Los tabaqueros confiaban inicialmente en las palabras del ministro de Agricultura para mantener la rentabilidad del cultivo de tabaco en Granada, pero sus promesas no se están cumpliendo: las mas de 1.500 familias de los cultivadores de la Vega granadina ven como progresivamente crecen las dificultades y la rentabilidad disminuye, para las campañas del 2003 y 2004, el aumento de la retención para el fondo de investigación aún reducirá mas los ingresos de los productores. Para colmo, las solemnes declaraciónes de Miguel Arias Cañette diciendo que CETARSA no se cerraría le está dejando sin credibildad. Oigo decir que el Gobierno tiene que mojarse pero sin eco ni respuesta.
Detrás de la desaparición de este cultivo histórico en la provincia de Granada, con mas de medio siglo de antiguedad, no se están concretando alternativas viables que tengan en cuenta la generación de empleo y absorción de mano de obra que en la actualidad está vinculada a la producción de tabaco. Nuestro recuerdo inevitablemente contempla el antecedente de lo que pasó con la remolacha y el azucar y lo que fueron coartadas para acabar con el cultivo sin más.
Estamos ante un doble atentado a la débil economía de Granada y ante una injusta e innecesaria destrucción de empleo que el Gobierno de Aznar debería ser capaz rectificar a tiempo.
María Izquierdo Rojo es eurodiputada del PSOE.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.