Expertos barajan tres vías para regular la prueba de acceso a la Universidad

Mantener, si es posible, una sola prueba de acceso a la Universidad. Ésta fue una de las conclusiones a la que llegaron los participantes en el Foro sobre la Ley Andaluza de Universidades, que fue clausurado ayer en Sevilla. La continuidad de un único examen y las características del mismo queda no obstante supeditado a lo que definitivamente recoja la Ley de Calidad que ultima el Ministerio de Educación.

La permanencia de una sola prueba de acceso a la Universidad a imagen de la actual (Selectividad) es una de las apuestas de los expertos que durante dos días han debatido sobre el contenido de la futura Ley Andaluza de Universidades, cuyo anteproyecto será presentado a finales de mayo ante el Consejo Andaluz de Universidades (CAU).

No obstante, que se pueda mantener un sistema similar al actual distrito único -un solo examen sirve para acceder a cualquier universidad de la comunidad- depende, en gran parte, de los márgenes que deje la Ley de Calidad. Sólo si esta nueva norma modifica lo que ya recoge la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en su artículo 42 -que habilita a cada universidad a realizar su propia prueba de acceso- será posible aplicar un sistema parecido al actual.

En la hipótesis de que esto ocurra, los expertos han presentado tres posibles modelos para esta prueba única.

El primer diseño consistiría en unificar en una la prueba que los alumnos habrán de realizar para validar sus estudios de bachillerato (la reválida o PGB) con la de acceso a la Universidad, de manera que este único examen sirva de conexión entre la enseñanza media y la superior.

El segundo modelo propone que realizando una sola prueba se ponderen las notas específicas del alumno en las materias más relacionadas con la titulación universitaria que pretenda cursar.

El tercer diseño recoge que esta prueba única sirva como filtro para acceder a aquellos estudios superiores que están limitados en su acceso (númerus clausus). Para las titulaciones sin restricciones, esta prueba actuaría como actualmente lo hace la Selectividad.

Estas tres variantes, según explicó el rector de la Universidad Internacional, José María Martín Delgado, son sólo 'ideas incipientes' que serán desarrolladas en debates posteriores y cuya viabilidad está supeditada a los márgenes de maniobra que dejen las normas de rango superior elaboradas por el Gobierno central.

Otra de las conclusiones del foro fue la necesidad de reforzar el papel que desarrolla el Consejo Andaluz de Universidades, por lo que se potenciará su actividad dotándole de más competencias. Entre estas funciones, el CAU habrá de regular el proceso de creación de nuevas universidades en la región o fijar los criterios que permitan a instituciones académicas de otras comunidades impartir estudios en Andalucía. También se resaltó la necesidad de que este órgano se conecte con la realidad social y se abogó por crear comisiones específicas en las que participen representantes sociales y que éstos tengan también una activa participación en el pleno del consejo.

Profesorado

Respecto al acceso del profesorado y la creación de un cuerpo docente autonómico, las propuestas fueron menos concretas. Los ponentes en el foro sí coincidieron en la necesidad de clarificar el marco legislativo que recoge la LOU, que deja a las comunidades autónomas la competencia de regular la contratación del profesorado contratado.

Fijar unos criterios de selección para contratar a estos docentes y la necesidad de definir una 'verdadera' carrera académica para estos profesores fueron algunas de las directrices expuestas en las mesas de trabajo. Tampoco faltaron las críticas a la LOU. En especial las referentes a la falta de una ley financiación que la acompañe. Este hecho fue señalado como un obstáculo para que el sistema universitario español pueda alcanzar los niveles de otros sistemas europeos.

Por ello, en las conclusiones del foro se insta al Gobierno andaluz a que cumpla con lo recogido en el Dictamen sobre Universidad aprobado por el Parlamento Andaluz en materia de financiación: que destine el 1,5% del PIB a educación antes de 2006. La consejera de Educación, Cándida Martínez, que clausuró el foro, indicó que la Ley Andaluza de Universidades será un instrumento útil para satisfacer las necesidades del sistema universitario tras su larga etapa de crecimiento.