El 'trellat' sopló sobre la AVL

Con más aplausos que resignación, y unos pocos pitos, las fuerzas vivas valencianas -políticas y académicas- han acogido el acuerdo de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en virtud del cual serán oficiales las llamadas Normas del 32, a modo de referente lingüístico, así como el valenciano que se viene aplicando en la Consejería de Cultura desde 1983. Los ilustres académicos se aprestarán a elaborar la correspondiente Gramática y Diccionario para consolidar esta decisión consensuada el pasado Lunes Santo, que bien puede convertirse en una efeméride de nuestra historia doméstica. Crucemos los dedos.

Las mentadas fuerzas vivas, y muy especialmente voces representativas del Gobierno autonómico, se han apresurado a celebrar el hito y subrayar que se ha producido sin que pueda hablarse de vencedores y vencidos en este contencioso que nos sonroja colectivamente desde el advenimiento de la democracia. Pero claro que puede hablarse. Otra cosa es que no se deba, por mor de la paz social y el buen fin del empeño. Sin embargo, resulta obvio que los fundamentalistas del secesionismo lingüístico han sido desarbolados y sólo pueden esperar a que mejoren las subvenciones económicas que perciben para adaptarse a los nuevos criterios, si es que tienen talento y cintura para ello. Las reticencias de sus antagonistas, los filólogos más puristas, no han sido tan chirriantes, lo que delata, como mínimo, el cariz positivo de sus expectativas.

Consumado el trance, con rara discreción y constatada eficiencia por parte de los académicos, como es justo señalar, podría argüirse que, al fin y al cabo, esa era la solución más lógica y viable. Tal parece. No obstante, sólo los desmemoriados o triviales soslayarán el largo y abrupto itinerario que ha precedido el final de este conflicto. Solo ellos dejarán de lado las claves políticas que lo han avivado en su origen y prolongado, hasta ahora mismo, mediante la contumacia de los últimos baluartes del blaverismo, digo del Palau de la Música, la Diputación de Valencia o el feudo de la consejera de Agricultura, María Ángeles Ramón-Llin. A todos se les ha acabado el pretexto (carecer de criterios oficiales), que abrazaban con tanto fervor como acatarán la nueva obediencia. Están a lo que convenga.

Políticos fueron los pirómanos que prendieron este desencuentro sociolingüístico y política había de ser la salida. En este sentido, pecaríamos de rácanos si mermásemos el mérito que le cumple al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, al promover tanto la Acadèmia como al allanarle el camino neutralizando las resistencias de sus críticos. Ocasiones para tirar la toalla no le han faltado, y ¿quién se lo hubiese reprochado, si la lengua no es su problema? Por fortuna, fue coherente con su propósito y combinó felizmente el tempo político de las iniciativas con el tesón. Los socialistas, aun en plena efervescencia partidaria, no rompieron la baraja y, aun in extremis, exprimieron al límite sus posibilidades al negociar los académicos y un plan de fomento de la lengua. En este capítulo de reconocimientos procede asimismo anotar la flexibilidad de los sabios y asimilados que han parido el acuerdo, con mención especial de los docentes universitarios forzados a superar el brete de no perder la cara ante la comunidad filológica ni malograr el objetivo. Y, nobleza obliga, Ciprià Ciscar, que puso la primera piedra con su Llei d'Ús i Ensenyament, de 1983.

¿Quiere todo esto decir que nos hemos quitado de encima el muerto? No, a mi entender. Cierto es que se cuenta con el amparo del Gobierno y el apoyo mayoritario de los partidos, además del deseo general de pasar esta página oprobiosa. Pero poco avanzaríamos si no se aprovecha esta inercia y se acomete con voluntad política el fomento de la lengua que instaba el PSPV, pues su futuro no está en manos de los usuarios de hoy, que seguiremos empleándola a nuestra guisa, sino en las nuevas hornadas de valencianos, que podrán asumirla sin perplejidades ni disputas. Y bueno será que el Consell o sus portavoces disciplinen las euforias y no se invistan de lexicógrafos, interfiriendo la tarea de los especialistas. Si les tientan los listados, que los hagan de cuantos traban el uso de la lengua o no la usan desde las tribunas y medios informativos públicos.DEDO ACUSADOR