El sector agrícola reclama un pacto nacional sobre ayudas

Todas las organizaciones agrarias apoyan la necesidad de llevar a cabo un gran debate nacional para lograr un acuerdo sobre el uso de los derechos de producción y la distribución de las ayudas comunitarias. Aunque los sistemas defendidos por los pequeños agricultores y los grandes son diferentes, coinciden sin embargo en la necesidad de una negociación nacional para buscar una salida al problema.

Desde UPA y COAG, con pequeños y medianos agricultores como afiliados, se aboga por una modulación de los apoyos comunitarios y un trato preferencial para los profesionales, los pequeños productores y para quienes vivan en el medio rural. Por su parte, Asaja, donde se integran tanto grandes como pequeños y medianos productores, se mantienen posiciones diferentes. ¿Quiénes deben tener prioridad a la hora de ejercer los derechos de siembra asignados a un país? ¿Quiénes deben tener prioridad en el cobro de las ayudas? ¿Se debe penalizar por igual a todos los productores, grandes o pequeños, con altos o bajos rendimientos por hectárea en el caso de superarse las cuotas? Éstas son algunas de las preguntas más importantes actualmente a debate en el sector agrario.

Para evitar excedentes y frenar los gastos, la Política Agrícola Común funciona en la mayor parte de las producciones con mayor peso presupuestario a través de un sistema de cuotas de producción con asignación individual o nacional a partir de las cuales se aplican penalizaciones o reducción de ayudas. En el último año, España percibió del Feoga garantía 6.200 millones de euros. La insuficiencia de cuotas de producción supuso multas o recortes en las ayudas por valor de 600 millones de euros.

Reformas necesarias

Para Javier Alejandre, responsable técnico de UPA, si lo que persigue Bruselas sólo es dar ayudas a un sector, no habría que negociar nada. Sin embargo, si el objetivo es que las ayudas vayan a los productores y que las mismas sirvan para el mantenimiento y desarrollo de la actividad en el medio rural, es necesario hacer ajustes tanto en la distribución de derechos de producción como de las ayudas. Para UPA es indispensable modular toda la política agraria para primar a las pequeñas explotaciones viables y para que no haya penalizaciones lineales al margen de su producción por hectárea o el tamaño de la explotación.

La misma posición es compartida por Eduardo Navarro, responsable de COAG, para quien tanto en la distribución de cuotas como de las ayudas deben tener prioridad los pequeños y medianos agricultores, quienes sean profesionales y vivan en el medio rural.

Para Pedro Barato, presidente de Asaja, esta situación se debería abordar desde una política nacional consensuada. Para su desarrollo apoya el funcionamiento de interprofesionales. Asaja no es partidaria de aplicar modulaciones en las ayudas. Pedro Barato estima que los apoyos deben ir en primer lugar a los profesionales del sector, sean personas físicas o jurídicas. No es partidario de una modulación que perjudique a un productor simplemente por ser grande. Pedro Barato opina que no se debe perder el norte de las producciones y la necesaria competitividad de las explotaciones y pensar en el campo como un jardín. Para apoyar a los pequeños productores o zonas marginales, Asaja apuesta por ayudas complementarias, pero sin reducir apoyo al resto.