El Ayuntamiento sólo ha eliminado un 10% de las 2.000 'chabolas' de Lavapiés en un lustro
Los vecinos reclaman que se expropie a los dueños de casuchas que especulen con ellas
Uno de los objetivos del plan de rehabilitación de Lavapiés es erradicar el chabolismo de este céntrico barrio. Pero casi cinco años después de su inicio, en 1997, el Ayuntamiento sólo ha eliminado un 10% (225) de las 2.000 infraviviendas del vecindario. Marisa de Frutos, responsable del área social de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), justifica esta lentitud en la 'complejidad' de la operación. Pero la asociación de vecinos de La Corrala acusa al Consistorio de 'falta de voluntad política' y le reclama que expropie a los dueños de casuchas que las usen para especular.
La mayoría de estas casuchas de menos de 25 metros, sin ventilación ni aseos, están en comunidades de propietarios, no en fincas de un solo dueño. El Ayuntamiento concede ayudas para reformar estos edificios en los que existen chabolas, encargándose también de realojar a sus habitantes. Pero exige que todos los vecinos estén de acuerdo con las condiciones que les fija. Y ahí surgen los problemas.
Esa situación la conocen bien los 38 vecinos de Lavapiés, 42, un bloque con infraviviendas que solicitó ayudas para su reforma. Después de dar muchas vueltas para poner al día las escrituras de todos los residentes, se han encontrado con un escollo insalvable: el dueño de una de las casuchas, un profesional acomodado que la mantiene vacía desde hace 15 años, no está de acuerdo con el dinero que le ofrece por ella la EMV. Reclama 6.000 euros más. Su oposición impide al resto de los vecinos recibir las ayudas para arreglar sus casas y no tienen dinero para emprender las obras por su cuenta.
'El Ayuntamiento tenía que expropiar a gente como este señor que, no habiendo usado ni alquilado nunca su piso, ahora nos impide a todos los demás mejorar nuestras condiciones de vida', plantean desesperados estos vecinos.
Marisa de Frutos, la responsable del área social de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), está de acuerdo, pero puntualiza que para expropiar 'hace falta una nueva ordenanza municipal'. '¡Qué más quisiéramos que poder expropiar en situaciones como la del vecino que no usa el piso y paraliza toda la rehabilitación! Y no sólo en esos casos porque, aunque parezca mentira, hay gente que se resiste a dejar su casa de 15 metros para ser realojado en otra', apostilla. 'Pero la actual normativa no nos ampara', insiste.
Eduardo Gutiérrez, portavoz de urbanismo de La Corrala, no está de acuerdo. Él asegura que la legislación actual sí le permite al Ayuntamiento expropiar cuando se incumple la obligación de conservar en buen estado el edificio. 'Lo que ocurre es que no hay voluntad política para hacerlo', añade, y puntualiza que los casos de personas que no quieren abandonar sus chamizos 'son excepcionales'.
Problemas jurídicos
De Frutos replica que la operación de Lavapiés es 'muy complicada'. 'Antes de iniciar las obras hay que solucionar los problemas jurídicos porque muchoss vecinos no tienen bien registrados sus pisos', matiza. 'Nuestros trabajadores sociales están haciendo un gran esfuerzo, pero todo es muy lento', concluye.
Gutiérrez reconoce la dificultad de la tarea, pero acusa al Consistorio de actuar con lentitud. 'Si en 1997, cuando se aprobó el plan de rehabilitación de Lavapiés, el Ayuntamiento hubiera tenido un proyecto y dinero para eliminar la infravivienda, las cosas habrían ido de otra manera. Pero no los tuvo hasta 1999', recuerda. 'Además, tampoco hay pisos suficientes para realojamientos. Entre el Ayuntamiento y la Comunidad han comprado 15 edificios para ese fin, pero hay que reformarlos, así que la mayoría no estará disponible hasta dentro de dos años. Mientras, ¿dónde meten a los chabolistas', matiza.
De las 15 fincas adquiridas sólo hay dos ya rehabilitadas. El resto está en proyecto (7) o en obra (6). La mayoría de las 225 infraviviendas erradicadas hasta ahora pertenecían a esos edificios comprados. De ellas sólo 85 estaban habitadas y sus inquilinos han sido realojados. En 1998, la EMV propuso una fórmula para obtener más pisos para realojamientos: subvencionar hasta el 35% de la rehabilitación de fincas cuyos dueños acepten alquilar las casas a chabolistas por menos de 30.000 pesetas. Pero la idea ha fracasado porque los precios inmobiliarios en un barrio modesto como Lavapiés se han disparado hasta alcanzar las 450.000 pesetas el metro cuadrado: nadie está interesado en un proyecto de renta limitada cuando pueden alquilar y vender a los precios de mercado.
De las 11.878 viviendas incluidas en el área de rehabilitación de Lavapiés -entre las calles de la Magdalena, Embajadores, ronda de Valencia y Ave María-, un 20% carecen de baño o ducha, y el 7% tampoco dispone de retrete individual.
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