Faltan medios y sobran vertidos

El presidente de la Asociación de Afectados por la Contaminación del Guadaíra, Antonio Troncoso, recuerda que hace 50 años el municipio más contaminante de la ribera era Alcalá, porque era el más industrial y no tenía depuradora. Pero desde que construyó el colector sus residuos van a la depuradora de La Ranilla, en Sevilla.' Alcalá ya no contamina, pero los otros pueblos se han ido industrializando y la degradación del río se ha acentuado', dice Troncoso.

Los vertidos contaminantes que ensucian el Guadaíra son de dos tipos: los urbanos, provenientes de los más de 80.000 habitantes de los cinco pueblos que aún no tienen depuradora -Morón de la Frontera, Mairena del Alcor, Arahal, El Viso del Alcor y Paradas-, y los industriales, que llegan fundamentalmente de empresas aceituneras. Según una directiva europea, todos los municipios con más de 15.000 habitantes tenían que tener depuradoras en 2001, pero de los seis pueblos ribereños, sólo Alcalá cuenta con esta infraestructura.

El delegado provincial de Obras Públicas, José Jurado, reconoce el retraso, pero asegura que en poco más de un año todas las aguas urbanas pasarán por una depuradora. Las competencias son municipales, recuerda, pero dado su elevado coste, la Junta financia las obras a través de fondos europeos. De momento, explica Jurado, las de Morón y Arahal, con inversiones de 4.223.000 y 2.697.000 euros respectivamente, ya están construidas en un 70% y las obras de sus colectores empiezan en abril; Mairena y El Viso del Alcor contarán con una depuradora común cuyas obras, valoradas en 6.688.000 euros, ya están preadjudicadas.

Jurado subraya que 'la vinculación íntima con el río' sólo se vive en Alcalá por lo que en los municipios 'donde el río no es urbano' la Junta se ha encontrado 'con muy pocos apoyos'. 'Al construir la depuradora hay que subir la tasa de abastecimiento de agua y los ayuntamientos son reacios', afirma el delegado.

Respecto a los residuos industriales, un estudio reciente de la Junta y la CHG ha detectado 54 empresas dedicadas al aderezo de la aceituna y asentadas en la ribera del Guadaíra que carecen de licencia de apertura. Además, la mayoría de las que sí disponen de licencia no cuentan con depuradora para limpiar sus vertidos, especialmente peligrosos por sus altos niveles de salinidad. La CHG es la encargada de controlar estos vertidos, pero en opinión del delegado de Obras Públicas, este organismo, dependiente del Gobierno central, 'se ha dormido un poco'.

El alcalde de Alcalá, por su parte, se queja de que, cuando la CHG detecta un vertido ilegal, la multa que impone apenas ronda los 600 euros. 'Las depuradoras valen millones, así que les sale más barato pagar la multa', dice Gutiérrez Limones, cuyo Ayuntamiento pretende que la CHG denuncie ante el fiscal de Medio Ambiente cada vertido ilegal que detecte.