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La UPV sostiene en su recurso que los fondos de los 'master' de Estomatología son dinero público

La acusación particular recuerda que el Tribunal de Cuentas fiscaliza estos títulos propios

El rector de la Universidad del País Vasco (UPV), Manuel Montero, ofreció alguna pista sobre el argumento en el que se basa el recurso que ayer mismo presentó el Rectorado contra la decisión de un juez de archivar la denuncia presentada contra el ex decano de Medicina, Javier Goiriena, y la ex directora del departamento de Estomatología, Montserrat Barranquero, por malversación de fondos públicos y prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas).

La UPV discrepa del criterio del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Getxo, quien sostiene que las cuentas adscritas a los cursos de especialización (los master) no pueden considerarse caudales públicos. 'Nosotros no tenemos ninguna duda de que son fondos públicos; se cobran tasas aprobadas por el Consejo Social para emitir un título propio de la Universidad', explicó el rector Montero, tras inaugurar la nueva oficina de cooperación al desarrollo en el campus de Leioa.

Montero añadió: 'Con todo el respeto al juez, discrepamos de su auto'. El rector explicó que en cuanto leyó la resolución judicial, 'la reacción inmediata fue que había que recurrirlo. Hoy lo hemos hecho'. El juez archivó las diligencias con el argumento de que ninguno de los actos del ex decano y la ex directora de departamento encuentra encaje 'en ninguna de las figuras delictivas previstas en el Código Penal'. En el auto considera sus conductas pueden ser punibles en el régimen interno de la UPV o en otras jurisdicciones.

El rector señaló que el recurso, de reforma, fue presentado ante el juzgado de Getxo que la semana pasada decidió archivar las diligencias. Montero rechazó que la denuncia que presentó en septiembre de 2000, a los seis meses de acceder al cargo, contra Goiriena y Barranquero estuviera mal fundamentada. Recordó que la querella fue presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que la derivó a un juzgado de Getxo.

Por su parte, la asociación Garbi eta zuri (limpio y blanco), que ejerce la acusación particular en el caso Odontología, advirtió en una nota de que, 'de ser aceptado el criterio del Juzgado de Instrucción número 4 de Getxo, cualquier profesor con capacidad de impartir cursos de posgrado podrá gastar y usar a su conveniencia los fondos de dichos cursos (...) complementando su sueldo, pagando gastos a particulares o familiares, o generando ingresos a sus propias empresas o negocios, lo que no es posible entender ni como profesor ni como ciudadano'. Garbi eta zuri también ha recurrido la decisión judicial. Esta asociación argumenta que tanto la LRU como la LOU establecen que el presupuesto de la universidad 'comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos' y que también el Tribunal Vasco de Cuentas inspecciona las cuentas de los master de la UPV.

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