El Tribunal de la UE cree ilegal la ayuda a los astilleros españoles

El Tribunal de Justicia de la UE infligió ayer a España una primera derrota en el contencioso por el crédito otorgado en 1998 a Astilleros Españoles (ahora, Grupo Izar). Ese año, el Gobierno concedió a esta empresa pública una ayuda de 110,9 millones de euros. La Comisión Europea declaró ilegal la ayuda y llevó el caso ante el Tribunal de Luxemburgo, que ayer desestimó en una contundente sentencia todas las alegaciones de España. Ahora, tendrá que emitir otra sentencia sobre la devolución del crédito.

El caso se remonta a 1997. Ese año, la Comisión tuvo en cuenta los problemas de competitividad que afectaban a Astilleros Españoles y autorizó unas ayudas para su reestructuración de 1.376 millones de euros. En esta cantidad se incluían créditos fiscales especiales por 349 millones de euros para el periodo 1995-1999. Un año más tarde, el Gobierno español concedió un crédito especial de 110,9 millones, pero previamente había modificado la estructura empresarial de Astilleros Españoles al traspasarla del grupo Agencia Industrial del Estado (AIE) a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Este cambio de situación fue la clave para que Bruselas considerara que la ayuda de 110,9 millones de euros no podía estar incluida dentro de las autorizadas, por lo que entendió que debía ser devuelta. La sentencia de ayer señala que, 'a raíz de la absorción que tuvo lugar en 1997, los astilleros pudieron compensar de nuevo sus pérdidas con los beneficios obtenidos por otras empresas del grupo'. Para los jueces europeos, el cambio de condiciones sufrido en astilleros convertía en totalmente nueva la ayuda otorgada en 1998.

Las cuatro grandes alegaciones expuestas por los servicios jurídicos españoles son desestimadas, una por una, por el Tribunal de Luxemburgo, que condena a España a pagar las costas del proceso y remite a la próxima sentencia por este caso y el consiguiente reembolso del dinero. El abogado general, cuya opinión siguen los jueces en el 80% de los casos, ya se pronunció el pasado día 6 a favor de la Comisión y rechazó los argumentos de Madrid, que también alegó dificultades políticas y jurídicas para recuperar la ayuda. 'La Administración pública', argumenta el abogado general Adrian Geelhoel, 'en caso de reorganización interna, debe seguir cumpliendo en todo momento sus obligaciones públicas'.