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Un diputado del PP pide que se reconsidere el acuerdo de pensiones

Partida se suma a quienes critican el pacto aprobado por la Asamblea

El diputado popular Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada y miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias, pidió ayer que los grupos políticos de la Asamblea reconsideren el acuerdo por el que la Cámara garantiza a los ex diputados la pensión máxima de jubilación (1.950 euros mensuales) con el simple requisito de haber ocupado escaño en dos legislaturas (en su totalidad o sólo en parte).

Partida, con una larga historia en la política -en 1979 fue ya alcalde por UCD-, declaró a la cadena SER que 'el acuerdo debería ser rectificado'. Sin embargo, más tarde matizó a EL PAÍS que respeta la decisión de la Asamblea y, aunque reconoció que los diputados deben tener todos los derechos, mostró su opinión de que 'nadie tenga un trato diferencial respecto al resto de los trabajadores'.

El diputado del PP, que ha desarrollado parte de su vida laboral en el Banco Santander, animó a sus compañeros 'a reflexionar sobre este acuerdo'. 'El problema es que situaciones así', añadió, 'pueden provocar desencanto' y llevar al ciudadano a la conclusión de que no se le trata con el mismo rasero que a los políticos.

Las declaraciones de Partida le sitúan en el aún muy minoritario grupo de políticos que han cuestionado el acuerdo sobre complementos de pensiones adoptado por la Mesa de la Asamblea el pasado 18 de julio. Partida es el primer parlamentario del PP que se pronuncia sobre ese pacto, firmado por unanimidad de PP, PSOE e IU. El portavoz del grupo popular en la Cámara, Miguel Ángel Villanueva, se ha limitado a decir hasta ahora que se trata de un acuerdo de la Mesa que él respeta.

El único miembro de la Asamblea que ha renunciado a cobrar el complemento para percibir la pensión máxima es la diputada socialista Elena Vázquez, a punto de jubilarse. También el socialista Antonio Carmona pidió a sus compañeros que reconsideren el asunto, pero nada más. Como grupo, sólo IU ha hecho un gesto en esta polémica, elevando a su dirección federal la posibilidad de estudiar un estatuto del cargo público que termine con estas situaciones claramente impopulares. El nuevo coordinador regional de IU, Fausto Fernández, ha planteado a los diputados de su coalición que rectifiquen el acuerdo, y está previsto que hoy se reúna con ellos.

Trinidad Jiménez, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, es partidaria de estudiar el acuerdo de la Mesa de la Asamblea, aunque le parece una medida discriminatoria respecto al común de los trabajadores.

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