La ausencia de una ley de asilo fuerza medidas de excepción

La proclamación del estado de urgencia en Italia tras el desembarco de un millar de kurdos iraquíes en Sicilia se debe a la inexistencia de una ley sobre el derecho de asilo en ese país, según afirmaron ayer representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 'Es la herencia de una precariedad legal total desde hace años', explicó Laura Boldrini, portavoz en Roma de la agencia de Naciones Unidas.

El Gobierno italiano anunció ayer una revisión del derecho de asilo sin concretar sus intenciones. La decisión responde a las presiones de la Liga Norte, el pequeño partido populista y xenófobo que forma parte de la coalición de Gobierno de Silvio Berlusconi. Roma ha anunciado también el nombramiento de un comisario extraordinario para coordinar la lucha contra la inmigración clandestina.

Boldrini informó, además, acerca de los 928 kurdos iraquíes que llegaron el lunes a Silicia a bordo de un viejo carguero. 'Muchos de ellos van a pedir el asilo político', explicó la portavoz. 'Huyen de una situación de gran inestabilidad y de discriminación causada por la arabización forzosa de Bagdad. Entre los inmigrantes se encuentran también militantes de partidos kurdos', añadió Boldrini. 'La acogida de urgencia de los inmigrantes ha sido buena, pero después, ¿dónde van a ir?, no podrán beneficiarse de las 2.000 camas facilitadas por el Plan Nacional de Asilo, ya que todas están ocupadas', subrayó.

Pocas demandas

Hace años que ACNUR denuncia las carencias italianas en materia de asilo, a pesar del número relativamente reducido de demandas de asilo que reciben. El año pasado se registraron en el país 9.755 demandas sobre un total de 384.334 recibidas en toda la Unión Europea.

Las lagunas jurídicas animan a los demandantes a no quedarse en Italia, ya que después de 45 días el Gobierno deja de asistirles financieramente. Una vez en Italia, a los inmigrantes se les proporciona un permiso de estancia, válido únicamente en el país, y no tienen derecho a trabajar hasta que la comisión del Ministerio de Interior les otorgue el estatuto de refugiado político. El proceso dura una media de 10 meses, según ACNUR, y normalmente, cuando Interior convoca a los inmigrantes para estudiar su demanda de asilo, éstos ya han desaparecido.

Estos vacíos legales fueron ignorados por el anterior Gobierno, de centroizquierda, y hasta la fecha, la posición del actual Gobierno, de centroderecha, había sido la de esperar hasta 2004 para trasponer la futura directiva europea.