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COLUMNA

Izquierda y Estado, o el estado de la izquierda

La situación de la política fiscal en el País Vasco, la articulación recaudatoria y la cuantía financiera disponible, permite un margen de tensionamiento, una confrontación interinstitucional que el Gobierno vasco ha estado dispuesto a provocar para el proyecto secesionista. Las actitudes políticas en torno a la negociación del Concierto Económico evidenciaron esa posibilidad y esa decisión. El posterior repliegue táctico del Gobierno de Ibarretxe no contradice esa voluntad manifiesta y previsible, a la espera de una ocasión que consideren más adecuada. Tal vez ese repliegue se haya debido a la situación de mayoría minoritaria en el Parlamento, las dificultades para sacar adelante los Presupuestos tanto del Gobierno vasco como en las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya hasta el acuerdo con el PSE, o el ser oposición en Álava, o el no poder tensar la cuerda todo lo que hubieran deseado a pesar de la disposición de IU. Probablemente esperarán también el resultado del congreso del PSE y si allí se impone, como esperan, la línea definitiva que modifique la política del bloque constitucional de alternancia al nacionalismo .

'¿Por qué la unidad de Europa es buena y, sin embargo, la unidad de España no lo es?'

La situación que se percibe en la crisis del PSOE y las posiciones de IU, que explicitaron intentar articular mecanismos jurídicos de apelación al Tribunal Constitucional a favor del PNV, es que las únicas posiciones de Estado de la izquierda en España las condiciona el PNV. Así mismo, el papel de personas que se autoproclaman de esa ideología, constituidas como grupo de apoyo a Elkarri, cuya posición básica es el concepto de negociación ya ensayado en el conflicto de la autovía de Leizarán, inciden como agentes políticos al servicio del criterio de utilizar a ETA como argumento para negociar cambios en el ordenamiento jurídico-político como condición para el fin del terrorismo. Actúan al servicio del nacionalismo en la concepción de que la fórmula para hacer desistir a ETA es dar satisfacción a las demandas nacionalistas. Esta fórmula se viene utilizando con sorprendente éxito entre gentes que se reclaman demócratas y de izquierdas. Y es más sorprendente aún, porque es la vieja fórmula que ya se utilizó para sobrecargar competencias en el Estatuto con el mismo argumento y sólo ha servido de acicate para la política secesionista.

Para cualquier analista y conocedor de la evolución de ETA, y el proyecto global del nacionalismo y su interrelación en el tiempo, la actividad de Elkarri sería un fenómeno simplemente a rechazar y denunciar. Pero, incomprensiblemente, tiene el apoyo de sectores y personas que se reclaman de la izquierda. Lo que viene a evidenciar la teoría de que en España el proyecto de Estado está desdibujado y viene condicionado por las pautas políticas del nacionalismo vasco.

Aunque pueda sonar escandaloso, el proyecto de Estado de la izquierda en España lo condiciona el nacionalismo, y se va impregnando de ese proyecto explícitamente abocado a la secesión territorial. Porque cuenta con la inercia de las partitocracias llamadas baronías y la tendencia de las administraciones autonómicas a cargarse de poder administrativo y político, en contraposición a la tendencia del Estado a drenar competencias hacia una entidad supranacional como es Europa. Y se nutre de dos soportes, uno teórico, que es el que surge de la gran equivocación de confundir centralismo con nacionalismo, y la tendencia a apoyar las ideas regionalistas, olvidándose entre otras valoraciones de aquella de Gregorio Marañón que decía que 'todo regionalismo tiene en sí el germen de la reacción, mientras que el centralismo, aún con problemas, representa el progreso'. Cabría aquí preguntarse ¿por qué la unidad de Europa es buena y la unidad de España no?, cuando la secuencia de razonamiento es la misma. Y de otro criterio práctico que viene de la descompensación territorial en la representación ciudadana en las Cortes Generales. Hasta tal punto, que el papel de bisagra que en cualquier país democrático del mundo lo hace un partido nacional, en España ese papel lo hacen los partidos nacionalistas, convirtiendo así la mecánica en anatomía: la bisagra se vuelve buche. Por un lado, en las alianzas electorales para el gobierno de España juegan un papel de representación ficticiamente mayor. Por otro, la costosísima maquinaria administrativo-política del Estado de las Autonomías genera para sus usufructuadores, reales o potenciales, unas políticas, incluida la de alianzas, que tiende a prescindir de valores de racionalidad democrática y progresista, y que representa el principio de eficacia de gestión pública en beneficio de la partitocracia autonomista.

De ahí el poder de atracción que tiene para el conglomerado rojillo-regionalista, vestido a veces de verde, en detrimento de la eficacia de gestión política y administrativa de la nación, donde la solidaridad y la igualdad ante la ley sea más real y menos camuflada en agravios comparativos y consentidos, en trucos autonómicos donde prima 'lo que nos es favorable' sobre lo justo, y en pruritos identitarios que reinventan 'ámbitos de decisión' o cualquier melonada de marketing para uso político. Se camuflan así los atentados teóricos y prácticos contra la concepción moderna de la política, que sitúa al ciudadano como eje y sujeto del quehacer político en un Estado de Derecho.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de marzo de 2002