El segundo Rajoy

Mariano Rajoy en Administraciones Públicas, en Educación, en Presidencia o en Interior parecía una referencia política del buen sentido, ajeno a la imputación de deslealtades, a las apropiaciones indebidas de la Constitución y al cultivo de los antagonismos gratuitos. Rajoy parecía el PP de rostro humano, acampaba en la templanza galaica, en las antípodas de la crispación, tan trabajada por algunos de sus colegas de Moncloa y de Génova. Pero, incorporado al delfinario de los sucesores, surge otro Rajoy. El que después de haber comprometido su asistencia a un encuentro sobre la seguridad de los concejales del País Vasco se descuelga descalificando la convocatoria como 'una juerga del PNV'. Vayamos a la cuestión de la inseguridad ciudadana que preocupa al público de a pie. Preocupación que deriva de una realidad de abultado contraste estadístico. Entonces la oposición pregunta en el Congreso al presidente del Gobierno, quien prefiere atenerse a esas convicciones suyas que crean evidencias. Rehúsa aceptar datos que puedan cuestionar su lema de 'España va bien'. Niega que la inseguridad sea una preocupación pública y atribuye el incremento de la delincuencia al de la población. Luego, en esa misma sesión, el titular de Interior despacha la situación particular de Valencia atribuyendo la progresión de los delitos al número de inmigrantes y de turistas.

Llegamos así al miércoles pasado y Rajoy atiende una batería de preguntas socialistas en el hemiciclo. Jesús Caldera reclama la puesta en marcha de las oficinas de ayuda y asistencia a las víctimas del delito previstas en una ley de 1995. Rajoy habla de labores del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que van desde la atención a la mujer, a los menores, a las familias, a los inmigrantes y a los que llegan a bordo de las pateras. Hace una pausa y se atribuye en exclusiva la Ley de Víctimas del Terrorismo, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos de la Cámara, y se adorna exhibiendo la atención prestada a los concejales como víctimas potenciales. Inaudito. Entonces, la diputada Carmen Olmedo se interesa por las drogas de síntesis a partir de lo de Málaga. Rajoy aporta las pastillas requisadas y los decomisos en Melbourne, Miami y Múnich. Arremete con la actuación -no sabemos cuál- de la Junta de Andalucía y descarga la competencia sobre los espectáculos públicos en las comunidades autónomas.

Llega Carmen Romero, diputada por Cádiz. Considera muy grave las muertes por drogas. Aduce que en las macrofiestas hay ausencia policial, falta atención sanitaria, las empresas promotoras carecen de registro y las delegaciones del Gobierno se abstienen de sancionar. Incluye datos sobre la importación de efedrina y reclama sobre el mercado sucio e ilegal. Para Rajoy han disminuido las muertes por droga y las responsabilidades son de los padres, de las escuelas y de otras administraciones que deben hacer pedagogía. Al final el culpable es Tierno Galván por aquello de 'colocaros y al loro'. De paso reclama el cese del consejero de Bienestar Social de las islas Baleares. La diputada Leire Pajín se muestra dolida por las descalificaciones de Aznar a las manifestaciones previstas en Barcelona y Rajoy le dice cómo es que el griposo Zapatero le deja hacer esas preguntas.

Interviene otra socialista, María José López, y Rajoy empieza por recetar optalidones a Zapatero. La crecida de los índices de criminalidad le deja frío al ministro. Insiste en que Zapatero redacta mal las preguntas. Miguel Ángel Heredia quiere que se reduzcan los robos de vehículos, unos 500 al día. Rajoy vuelve a preguntar si es Zapatero la fuente de las cifras. Victorino Mayoral le llama gracioso. Recrimina a los delegados del Gobierno que recomiendan contratar con la seguridad privada y se interesa en saber por qué los expedientes sancionadores que afectan a esas compañías nunca progresan. Todo, en vano. Consuelo Rumí se opone a la criminalización de los inmigrantes pero Rajoy se muestra encantado de Fernández-Miranda y Azurmendi. La diputada Mercedes Gallizo quiere detalles de Aragón, donde la plantilla policial se ha reducido en un tercio. Rajoy vuelve a los inmigrantes y asegura que el 89% de las personas que han ingresado en prisión en los meses de enero y febrero son extranjeros. Eso sí, al fin reconoce que la delincuencia está unida a la marginalidad, que es por donde debían haber empezado los socialistas. Lo que no se quiera gastar en protección social se acabará gastando multiplicado en policía y en cárceles.