Las administraciones recurren a la expulsión de irregulares para rebajar la tensión en Huelva

La salida pactada ayer por todas las administraciones públicas para los inmigrantes sin regularizar que se han desplazado hasta Huelva para lograr algún jornal es la aplicación estricta de la Ley de Extranjería. En la práctica, significa que se les abrirá un procedimiento de expulsión. Alrededor de 2.000 inmigrantes de los más de 5.000 llegados a la comarca fresera carecen de papeles. Además, la Mesa de la Inmigración de Huelva acordó poner en marcha medidas de ayuda humanitaria y social para atender al gran colectivo que carece de trabajo.

El acuerdo alcanzado ayer por el grupo de trabajo en el que están representadas las tres administraciones públicas (estatal, autonómica y municipal), los sindicatos, las empresas y las organizaciones humanitarias tendrá efectos dispares sobre los 5.000 inmigrantes que pululan por las localidades freseras sin encontrar trabajo. La medida más drástica será la aplicación de la Ley de Extranjería a aquellos inmigrantes que carecen de papeles y que, en la práctica, significa que se les abrirá un expediente de expulsión del país, según confirmó el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Juan Ceada.

Esta amenaza afecta a unos 2.000 inmigrantes que, según datos de la Subdelegación del Gobierno de Huelva, no tienen su situación regularizada. Será, además, el subdelegado del Gobierno, Carmelo San Martín, quien coordinará el grupo de trabajo dedicado a la aplicación de la Ley de Extranjería, el respeto de la legislación laboral y los temas relacionados con la seguridad ciudadana. Su objetivo será 'disminuir la inseguridad subjetiva', dijo el subdelegado.

Precisamente para hoy está convocada una marcha a pie por varios municipios freseros para rechazar la expulsión de los inmigrantes indocumentados, que partirá de Moguer. Los organizadores -CGT, SOC, ODITE y Sindicato Unitario- critican la 'política racista' del Gobierno y los empresarios freseros por las contrataciones en origen que han realizado este año.

La mayoría de los 7.000 contratos se han ofrecido en Polonia y Rumania, aunque Freshuelva ha aclarado que el Gobierno marroquí denegó la contratación de 2.000 trabajadores de los 2.500 que solicitaron los agricultores para la campaña.

En el acuerdo alcanzado ayer por las distintas administraciones públicas se establecieron tres líneas de intervención. Además de la policial, ya citada, se crearon otros dos grupos de trabajo. Uno de ellos, coordinado por el delegado del Gobierno andaluz, Juan Ceada, se encargará de promover medidas relacionadas con la atención sanitaria y educativa. El tercero, que dependerá de la delegada provincial de Asuntos Sociales, María Luisa Faneca, asumirá la distribución de la ayuda humanitaria en colaboración con las ONG. Además, las Administraciones se han comprometido a realizar un censo detallado del número de inmigrantes que hay actualmente en Huelva, regularizados o no, y a potenciar la ayuda humanitaria a estos trabajadores extranjeros. El representante de la Junta destacó que el consenso: 'Nos hemos puesto de acuerdo, al menos en lo sustantivo, en lo esencial'.

Juan Ceada contrastó la actitud del subdelegado del Gobierno central en Huelva, Carmelo San Martín, con el silencio del ministro del Interior, Mariano Rajoy. La Consejería de Gobernación corroboró ayer que el titular del Interior no ha respondido a la petición de reunión formulada por el presidente andaluz, Manuel Chaves, hace unos días.

El delegado del Gobierno andaluz considera que unos y otros deben dejar de responsabilizarse del caos que este año se ha vivido en Huelva con la masiva llegada de inmigrantes magrebíes. 'Lo que ha pasado, está pasado', zanjó. Ceada se comprometió, no obstante, a trabajar para preparar 'eficazmente' la próxima temporada. El alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán Jaldón, destacó la unanimidad alcanzada entre todas las partes.