Disolver y aislar

Los partidos nacionalistas vascos han rechazado la propuesta de introducir reformas legales que permitan la disolución gubernativa de las corporaciones locales que realicen actos de justificación o apología del terrorismo. Se trata de la medida más llamativa del paquete aprobado el miércoles por socialistas y populares en la reunión de la comisión técnica del Pacto Antiterrorista.

La ley de régimen local contempla la posibilidad de disolver un Ayuntamiento en caso de 'gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales'. Ahora se pretende incluir entre los supuestos de disolución actuaciones que puedan considerarse de apoyo, cobertura o exaltación del terrorismo o menosprecio de sus víctimas. De las explicaciones dadas por los proponentes se deduce que piensan, entre otros, en actos como la declaración de un terrorista como 'hijo predilecto', la instalación de capillas ardientes de etarras muertos en acción, etcétera.

Tales actos son sin duda condenables y perseguibles con todas las de la ley. La impunidad de hecho que los ha rodeado ha sido un factor decisivo en la creación de la atmósfera de intimidación que ahora se trata de atajar. Sin embargo, es dudoso que la forma de hacerlo sea la disolución de la Corporación. Con independencia de que sea constitucional, se trata de una decisión muy grave, que afecta directamente al derecho de representación de los vecinos, estén o no de acuerdo con la iniciativa de su alcalde o mayoría municipal, y que plantearía problemas prácticos de difícil solución: un Ayuntamiento no sólo es una institución política, también lo es de gestión de servicios esenciales.

La posibilidad de disolución, tal como ahora está planteada, parece pensada para situaciones de otro tipo: de negativa continuada a cumplir obligaciones esenciales, a imagen del precepto constitucional (artículo 155) que permite al Gobierno intervenir sobre una comunidad autónoma que incumpla 'las obligaciones constitucionales' o 'actuar de forma que atente gravemente al interés de España'. Por odioso que resulte, el homenaje a un etarra no es equiparable a esas situaciones, y requiere actuaciones legales de otro orden. Conviene, por tanto, que antes de seguir por ese camino se midan bien los pasos. Porque la relación entre la medida y el objetivo de garantizar la seguridad de los ediles amenazados no es evidente, y en cambio puede estar planteándose un problema artificial utilizable por el nacionalismo gobernante como pretexto para negarse a hacer lo que sí está obligado a hacer: por ejemplo, unirse a los demás partidos democráticos para aislar al brazo político del tinglado de intimidación que gira en torno a ETA.