Los trabajadores recibirán un título por su experiencia laboral

La Ley Orgánica de Formación Profesional y de las Cualificaciones establece por primera vez en España que los trabajadores sin cualificación reconocida podrán obtener un título oficial, válido en todo el país, una vez que se acredite su experiencia laboral. Para ello, el Estado establecerá a partir de los criterios de la UE un catálogo de cualificaciones, es decir, los distintos empleos identificados como tales en el mercado de trabajo. La oposición ha criticado que no se les permita a las comunidades definir alguna de estas cualificaciones, puesto que nadie mejor que ellas conoce sus tejidos productivos y las necesidades de sus mercados laborales. La cualificación para el trabajo de la piedra monumental, por ejemplo, de enorme interés en Galicia y Andalucía, no logra salir adelante.

Otra novedad es que la norma aúna la formación profesional reglada, que se imparte en los institutos de secundaria; la ocupacional, destinada a la preparación de los parados, y la continua, dedicada al reciclaje de los trabajadores a lo largo de su vida profesional.

También dispone la creación de los centros integrados: institutos de secundaria en los que se impartirán las tres FP. Los directores de estos centros serán designados por la Administración, en lugar de ser elegidos por el consejo escolar. Los profesores de enseñanza secundaria y los profesores técnicos de FP que imparten clase en los institutos podrán, además, formar a los parados y a los empleados. PSOE e IU han pedido que esto sea voluntario y que los docentes no sobrepasen las 75 horas anuales de trabajo, para no dañar la calidad laboraly educativa.

La ley establece la creación de centros de referencia en cada comunidad, formando una red en la que el Gobierno se reserva la titularidad y desde donde se centralizarán la innovación y la experimentación de nuevos programas formativos. Serán centros de excelencia en los que se podrá impartir clases a pesar de que las competencias educativas ya están transferidasa las comunidades.

Se crea un sistema de evaluación para la adecuación permanente de la formación 'a las necesidades del mercado de trabajo'. El Gobierno se reserva su 'establecimiento y coordinación'.