Caruana se compromete ante la OCDE a que Gibraltar deje de ser un paraíso fiscal

Con el consenso de España, la OCDE aceptó ayer el compromiso ofrecido por el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, para que la Roca sea retirada de la 'lista negra' de las jurisdicciones consideradas como refugios fiscales opacos. Esto significa, por ejemplo, que el fisco español tendrá derecho a conocer quién localiza sus bases imponibles en la Roca y a perseguirle, bien sea por la vía administrativa o por la vía penal, según los casos, siempre que la OCDE logre culminar el proceso iniciado ayer, para lo que se da de plazo hasta el año 2005.

Esto salva a Gibraltar de verse inscrito en la 'lista negra' de países y territorios no cooperativos, que la OCDE publicará con los recalcitrantes, y contra los cuales se dirigirá un sistema de sanciones internacionales. Pero la instrumentación del acuerdo conseguirá que Gibraltar deje de ser fiscalmente opaco, siempre que el enérgico proceso emprendido por la OCDE, con sede en París, llegue a buen puerto en el plazo previsto.

España ha tenido cuidado en exigir que el responsable último del compromiso gibraltareño sea el Reino Unido. La embajadora de España en la OCDE, Elena Pisonero, bloqueó a mediados del año pasado una actuación que habría supuesto el reconocimiento de la Roca como un actor internacional de pleno derecho. La solución ha exigido que los documentos gibraltareños sean tramitados por el embajador británico ante la OCDE, después de que el Reino Unido confirmara, el 14 de noviembre pasado, que seguía siendo el responsable de las obligaciones internacionales de los territorios dependientes de la Corona.

La carta de Caruana a la OCDE, fechada el pasado 27 de febrero, no implica una renuncia total a sus particularismos. De hecho, deja claro que lo que se pacte no afectará a 'la autonomía de Gibraltar en sus asuntos fiscales' y que la ejecución del acuerdo estará 'sujeta a la aprobación parlamentaria de la Asamblea de Gibraltar'. Seguidamente, el ministro principal gibraltareño expresa, entre otros, estos compromisos:

- Iniciar el intercambio de información fiscal en materia criminal desde el 31 de diciembre de 2003, y en materia civil desde el 31 de diciembre de 2005. Esa información se facilitará 'sólo bajo requerimiento específico'.

- No introducir leyes de secreto bancario.

- No alegar que una conducta perseguida en otros países no es delito en Gibraltar, como argumento para negarse a cooperar con la investigación de causas criminales.

- La información contable de las compañías radicadas en Gibraltar se efectuará de acuerdo con las normas internacionales generalmente aceptadas.

- La autoridad gibraltareña conocerá la titularidad de las compañías que operan en la Roca (un punto dirigido contra las 'sociedades pantalla').

- Se introducirá un nuevo régimen de tasas que cumpla con los principios de transparencia e intercambio efectivo de información.

Antes que Gibraltar, la OCDE había llegado al acuerdo de romper la opacidad con otros 20 países y territorios, entre ellos las islas Jersey y Guernesey, también dependientes de la Corona británica. Los que figuren en la 'lista negra' definitiva se exponen a sanciones internacionales, con las que se pretende acabar con su atractivo como refugio fiscal.