Agricultura anuncia 228 millones de euros para la ley del minifundismo

La Consejería de Agricultura quiere aprobar antes de verano la ley contra el minifundismo, que baraja desde hace más de dos años. Antes espera poner en marcha la orden que permita aprovechar los 16,2 millones de euros destinados este año a intentar reorganizar la fragmentada estructura agraria valenciana. Agricultura cifró ayer en 228 millones de euros la dotación para el desarrollo de la ley y espera que en cinco años ésta se refleje ya en la reorganización de la tierra.

Durante años el sector agrario ha estado esperando una ley que intente luchar contra la excesiva parcelación del campo valenciano, que como recordaba hace unos meses el Instituto Nacional de Estadística, es el más minifundista de España.

Ramón-Llin recordó ayer que remitirá a las Cortes el texto de la Ley de Ordenación y Modernización de Estructuras Agrarias en marzo. La intención de Agricultura es que la ley esté aprobada antes de verano y en unas semanas espera poner en marcha una orden que permita aprovechar los 16,2 millones de euros que ha destinado en 2002 a esta norma. Durante la rueda de prensa de presentación, la responsable del departamento agrario del Consell destacó la intención de la ley de crear y fomentar 'explotaciones viables y compatibles con el medio ambiente'. La normativa, dijo, priorizará a los agricultores que se integren en un proceso de renovación. Medidas que incentiven la permuta y venta de tierras, la organización del cultivo en común-en el que cada propietario mantiene la propiedad-o la explotación en común-que supone la cesión de la titularidad de la tierra durante un plazo mínimo de diez años, son algunas medidas con las que el Consell espera mejorar la realidad agraria. 'Al final lo que queremos es que sea aplicable y realista', defendió para añadir que no espera milagros de la norma. Ramón-Llin, en cualquier caso, consideró que en un plazo de cinco años se empezarán a ver los efectos de esta norma sobre el campo y emplazó a diez años para que se produzca un 'punto de inflexión'.

Ramón-Llin anunció un presupuesto para desarrollar la norma de 282 millones de euros hasta 2006. De ese total, cofinanciado por los fondos europeos Feoga, el ministerio y la consejería, 108,1 millones se destinarán a ayudas a los agricultores no profesionales y 120 millones para los profesionales del campo. Los fondos europeos aportarán más del 50% del presupuesto. Las parcelas mínimas que Agricultura regulará en la norma es de 15 UTA (Unidades de Trabajo Agrario) que en los cítricos supondrán unas 600 hanegadas, con un mínimo de 15 socios, que no supere cada uno el 25% de la tierra.

Jóvenes Agricultores-Asaja Alicante consideró 'positivo' el texto. El presidente provincial de esta organización, Eladio Aniorte, señaló que este proyecto de ley es una 'gran iniciativa' y el objetivo es que 'perdure en el tiempo independientemente del partido que gobierne'. El secretario general de la Unió de Llauradors, Joan Brusca, por su parte, consideró la norma de 'positiva' porque el cultivo y la explotación en común abaratarán costes, pero consideró que será poco efectiva contra la estructura minifundista del campo valenciano.