Los refugios para mujeres maltratadas, sin recursos

En un año en que las denuncias por violencia doméstica crecieron el 50% en los juzgados de Barcelona, el Síndic de Greuges ha dedicado un apartado especial de su informe de 2001 a este fenómeno y a las salidas que tienen las mujeres maltratadas. Sus conclusiones dan la razón a las asociaciones de mujeres que desde hace meses denuncian la falta de recursos en los refugios temporales para las víctimas y la ineficiencia del teléfono de información 012 para canalizar las denuncias.

Cañellas critica que en los cinco centros de acogida que hay en Cataluña 'hay problemas de espacio y de personal' y alerta de que en la mayoría de instalaciones 'faltan las medidas de seguridad propias de un local público'. Pero también advierte de que los profesionales que trabajan en estos centros tienen que desempeñar funciones que no les son propias, lo cual causa 'frustración' entre ellos.

En el ámbito judicial, el Síndic señala que hay 'demoras excesivas en la designación de los abogados de oficio para las víctimas' y pide a los jueces que sean 'muy prudentes en el establecimiento del régimen de visitas de los hijos cuando hay sospechas de que sus padres pueden ser autores de malos tratos'. Asimismo, reclama un teléfono gratuito y centralizado para atender a las mujeres maltratadas, algo que ahora sólo pueden hacer a través del genérico 012 con una tarifa de 55 céntimos de euro (92 pesetas) por llamada.

La acogida de menores desamparados merece capítulo aparte en el informe del Síndic. 'Las administraciones están destinando recursos a este problema, pero son insuficientes y llegan tarde', afirma. El defensor del pueblo catalán asegura que 'la situación en que se encuentran los chicos indocumentados constituye uno de los supuestos de hecho de desamparo que prevé la ley, y por este motivo la Generalitat debería asumir la tutela, sin perjuicio de que simultáneamente se hagan gestiones para localizar a sus padres'. Actualmente, el Gobierno catalán se niega a asumir la tutela de 150 menores extranjeros por considerar que no están desamparados.