La oposición y los sindicatos critican la falta de un plan de financiación

Los representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y PNV, reprocharon ayer al Ministerio de Educación que no se les ha tenido en cuenta para elaborar el borrador de la Ley de Calidad. Criticaron además la ausencia de medidas económicas para sacar adelante la reforma planteada. Tampoco están de acuerdo con el texto los sindicatos, los padres de la escuela pública ni la patronal de la enseñanza concertada.

Los socialistas ya están pensando en quién va a pagar la reforma educativa de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, puesto que el borrador que se les presentó ayer no habla de financiación específica. 'El documento no tiene un diagnóstico y no se ha compartido con las comunidades', criticó la consejera de Educación andaluza, Cándida Martínez. 'Estamos en contra de los itinerarios, no frenarán el fracaso escolar. Desaparece además la participación de los padres y mengua la de los profesores en la toma de decisiones de los centros', añadió.

La consejera vasca, Anjeles Iztueta, criticó que el texto pasa por alto la 'diversidad' territorial del país. 'Esto no se puede poner en marcha, ni los itinerarios, que van en contra del plan de FP que tenemos en algunas comunidades, ni el sistema de dirección de los centros. Si lo realizáramos iría en contra de nuestro propio sistema educativo. Es una reforma reglamentarista y es un tema viciado de partida', dijo. Los nacionalistas catalanes no opinaron.

Desde la ejecutiva socialista, su responsable de Educación, Carme Chacón, criticó que el texto no recoja 'ni una sola medida para mejorar la calidad educativa. Sólo segrega a los alumnos con dificultades y no recoge ni un solo euro para aumentar la calidad'.

La ausencia de un plan de financiación y de un diagnóstico previo también fue criticada por los sindicatos, que rechazaron el 'modelo segregador que se propone, frente al igualitario'. El secretario general de la Enseñanza en CC OO, Fernando Lezcano, lamentó además que la ley 'concede escasas expectativas profesionales y de mejora de los profesores'.

Su homólogo en UGT, Jesús Ramón Copa, auguró 'profundos problemas' pero se mostró dispuesto a negociar sobre los itinerarios, siempre que se concrete cómo se aplicarán y si será en todos los centros, informa Europa Press.

El portavoz del sindicato STES, Augusto Serrano, destacó el 'ataque al profesorado' que supone la ley. ¿Quién tiene que revalidar a un funcionario que ha certificado ya su nota?', preguntó. 'Los itinerarios ya han fracasado en Alemania y la atención a la diversidad debería ser antes, no en 4º de secundaria', destacó. 'Si hace falta se movilizará al profesorado con huelga general', amenazó. Una medida que tampoco rechazan los padres. 'Exigimos un libro blanco antes de la reforma', dijo la presidenta de la Confederación laica de padres, Eulalia Vaquero. 'Es un retroceso como nunca antes hubo otro en educación, vamos a un sistema muy desigual desde la educación más básica porque se les ofrece a los chicos salidas de diferente calidad'.

La patronal de la educación concertada también ha modificado en parte la opinión positiva que tenían de la ley. Para el presidente de Educación y Gestión, Néstor Ferrera, lo 'más molesto' ha sido 'el tratamiento que se da a la etapa de infantil de tres a seis años. Deben garantizar la gratuidad y los conciertos educativos para esa etapa. ¿Dónde queda si no la libre elección de enseñanza de los padres?', se preguntó Ferrera.

Entre los sindicatos ANPE, USO y CSIF el texto ha sido bien acogido, así como por la Confederación de Padres Católicos (Concapa). Esta organización defendió las medidas académicas de la futura ley, pero criticó tanto el escaso papel que otorga a los padres como que no sea gratuito la etapa infantil de 3 a 6 años.

El presidente de ANPE, Daniel Lucendo, declaró a Efe que es 'razonable' que los alumnos tengan cuatro oportunidades para aprobar la Prueba General de Bachillerato, y dijo que los itinerarios son buenos siempre que sean flexibles. Sin embargo, agregó, el documento no incluye mejoras económicas del profesorado y se olvida de las tutorías. USO valoró la supresión de la promoción automática, la recuperación de los exámenes de septiembre, la creación de itinerarios y la instauración de la reválida, pero calificó de insuficientes las propuestas sobre educación infantil, y 'sorprendente' la ausencia de una memoria económica.

La Federación Española de Familias Numerosas expresó en su apoyo al borrador por considerar que impone 'la exigencia de un mínimo de calidad fundamental' para la 'obtención de unos niveles educativos adecuados y comparables al resto de la UE'.

Desde la Asociación de editores de libros de texto se aplaudió que la ley, de confirmarse, acabe con la autorización previa para editar estos materiales educativos.