El Gobierno impone controles en las fronteras ante la cumbre de Barcelona

El Gobierno ha decidido suspender temporalmente, desde el pasado día 9 y hasta el 17, el derecho del Tratado de Schengen que consagra la libertad de circulación de personas dentro del territorio de la Unión Europea sin más documentos que el de identidad. La medida, adoptada para poder controlar mejor el flujo de manifestantes extranjeros que vayan a intervenir en las manifestaciones que se celebrarán en torno al Consejo Europeo de Barcelona, previsto para los días 15 y 16, responde al artículo 2 de dicho tratado, que faculta a los Gobiernos de la UE a interrumpir la libre circulación por motivos de emergencia, y tendrá como consecuencia la exigencia de pasaporte a los ciudadanos que quieran entrar en España.

La suspensión de la libre circulación de personas se está aplicando ya en la frontera transpirenaica desde el pasado sábado. Las mismas fuentes gubernamentales que confirmaron esta decisión explicaron que 'se han puesto en marcha todos los procedimientos de contacto con la sociedad' y que de ellos resultan unas previsiones 'de cierta tranquilidad y disposición de responsabilidad por parte de todos'. En consecuencia, según el portavoz, existe preocupación por lo que pueda ocurrir durante el Consejo, pero moderada.

Coincidiendo con estas medidas de control por la Cumbre de la UE, la policía y la Guardia Civil han devuelto ya desde el sábado pasado a 750 inmigrantes clandestinos que querían pasar la frontera por La Jonquera, según explicó ayer el comisario de este paso. La policía se encarga de supervisar uno a uno los vehículos y sus ocupantes y puede, en caso de que lo considere conveniente, hacerles parar para comprobar su documentación.

La suspensión de las libertades de Schengen es una medida excepcional que fue adoptada previamente en la Eurocopa de Naciones de fútbol en el verano de 2000 y también por Francia en la cumbre de la UE que se celebró a mediados de octubre de 2000 en Biarritz; por Suecia, en vísperas de la cumbre de Gotemburgo, y por Italia, el pasado mes de julio, cuando la cumbre del G-7 en Génova. En ninguno de los casos citados impidió que estallara la violencia.

La manifestación del sábado

Los grupos antiglobalización que preparan los actos críticos contra la cumbre europea que albergará Barcelona el viernes y el sábado de esta semana prevén la llegada a la ciudad de entre 8.000 y 10.000 personas del resto de España y de Europa para sumarse a la manifestación del sábado, el momento álgido de las protestas. Los distintos colectivos alternativos que organizan la marcha han situado como una prioridad que ésta transcurra pacíficamente y cada uno de los tres bloques convocantes contará con un servicio de orden propio, en el que participarán más de 500 activistas antiglobalización.

La portavoz de la comisión de logística de la Campaña contra la Europa del Capital explicó ayer que los manifestantes comenzarán a llegar a Barcelona entre el jueves y el viernes, aunque la mayoría lo harán el sábado, justo para acudir a la manifestación. Para quienes acudan a la ciudad durante la semana, la organización de la campaña ha previsto habilitar 2.500 plazas de alojamiento en centros cívicos, polideportivos, escuelas y centros sociales, hasta un total de ocho equipamientos.

Según los organizadores, tres de estos equipamientos son públicos, pero fuentes del Ayuntamiento de Barcelona negaron anoche rotundamente que el Gobierno local haya cedido ningún espacio para alojar a los participantes en la marcha antiglobalización, en la que esperan reunir a un mínimo de 50.000 personas.

En esta ocasión, las casas del movimiento okupa de Barcelona no acogerán a los antiglobalización que lleguen a la ciudad. 'Queremos evitar a toda costa que se nos criminalice si ocurren altercados y que se repita en Barcelona lo que ocurrió en Génova', aseguró ayer un portavoz de este colectivo alternativo, informa Pere Ríos. En Génova, donde en julio del año pasado se reunió el G-8, la policía desolojó todas las casas de los okupas después de la cumbre. La decisión de no acoger a manifestantes en las 70 casas y los 20 centros de okupas que hay en la ciudad y su área metropolitana fue adoptada el pasado 24 de febrero en una asamblea de este movimiento.

En el ánimo de los organizadores está evitar a toda costa que se repita la experiencia de la manifestación contra el Banco Mundial de junio de 2001: la marcha transcurrió pacíficamente, pero un centenar de personas situadas en la cola provocaron destrozos en los comercios y al final la policía cargó indiscriminadamente, sin distinguir entre unos y otros.

[Javier García Bort miembro del Movimiento Resistencia Global y del Foro Social de Sevilla, quien el 8 de febrero presuntamente participó en el asalto al Rectorado de la Universidad de Sevilla, se desplazó a Barcelona el día 11, al menos 24 horas antes de producirse la detención por los hechos ocurridos en el Rectorado sevillano, atendiendo a una cita de trabajo concertada con varias semanas de antelación, y no para evitar su detención, según manifestó a este periódico ante la información publicada en el suplemento Domingo el pasado 3 de marzo.]